Los jueces sólo entregarán datos a EE UU sobre el 11-S si no se usan para condenar a muerte

La investigación judicial desarrollada por las autoridades españolas sobre las actividades en España de Mohamed Atta, el jefe de los pilotos suicidas que protagonizó los atentados del 11-S, no podrá ser utilizada por la justicia norteamericana en un proceso que pueda conducir a la pena de muerte para ningún detenido. Guillermo Ruiz Polanco, juez de la Audiencia Nacional que tramita la petición de auxilio solicitada por EE UU, ha dictado una providencia a la Fiscalía en la que condiciona el envío de la información recabada al citado compromiso. La información no se enviará sin esta garantía.

La presencia de Atta y Bin al Shibh en España es una pieza clave de la investigación del FBI

George Bush, presidente de Estados Unidos, fue categórico durante la reciente visita de José María Aznar a la Casa Blanca, en Washington: 'Pedí ayuda y España ha respondido. Ha ofrecido mucha información de gran ayuda '. Además, el reciente catálogo sobre terrorismo editado por los servicios de inteligencia norteamericanos adula a España y la bautiza como 'campeona' en la lucha contra las células durmientes del integrismo islámico.

La reconstrucción de los pasos por España del egipcio Mohamed Atta y del yemení Ramzi Bin al Shibh, dos de los miembros de los comandos suicidas de Al Qaeda, es una de las piezas claves del gigantesco rompecabezas que los servicios policiales norteamericanos intentan recomponer en Europa, en busca de los responsables del mayor ataque sufrido por EE UU desde Pearl Harbor (1941).

Pero esta valiosa información, todavía sin completar, elaborada por la Comisaría General de Información, sólo podrá ser utilizada por los tribunales norteamericanos con determinadas condiciones y limitaciones. No podrá ser empleada por los jueces o fiscales estadounidenses sin el compromiso expreso de la Administración de Bush de que no servirá para condenar a la pena capital a los procesados por la muerte de más 3.000 personas que provocaron los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

Éste es el sentido de la providencia enviada a Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, por el juez Guillermo Ruiz Polanco, titular del Juzgado de Instrucción número uno, encargado de tramitar la comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) enviada a España por la justicia norteamericana. Fungairiño todavía no se ha pronunciado.

Ruiz Polanco se expresará de la misma forma cuando concluya la comisión rogatoria y la tramite al Ministerio de Asuntos Exteriores, y pedirá que EE UU se comprometa formalmente a que la investigación remitida no sirva para alimentar un proceso que pueda conducir a penas de muerte. Si no se consigue un compromiso expreso de la Administración de Washington no se remitirán los datos solicitados, señalan de forma rotunda fuentes judiciales.

La Constitución española prohíbe la pena capital y los jueces de la Audiencia Nacional no pueden contribuir con un solo dato a un caso que pueda conducir hasta la silla eléctrica a un procesado, según fuentes próximas al caso. Éstas adelantan que el FBI y la Fiscalía norteamericana, cuyos representantes se han entrevistado con Ruiz Polanco en varias ocasiones, se molestarán por esta posición, pero destacan que en este terreno deben ser muy exigentes y escrupulosos.

Los fiscales norteamericanos ya han anunciado que pedirán la pena de muerte para Zacarías Moussaoui, un francés de origen marroquí, único detenido en EE UU por su presunta participación en los atentados del 11-S. Zaival Abideen Muhammad Asan, Abu Zubaidah, el terrorista de Al Qaeda de más alto rango detenido en un lugar secreto, correrá la misma suerte.

Extradición condicionada

La UE se prepara desde hace meses para negociar su primer convenio de cooperación judicial y extradición con EE UU. El pasado abril, los ministros europeos de Justicia aprobaron el mandato que les permite discutir con la Administración norteamericana un marco legal para reforzar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. 'No habrá extradiciones a EE UU que lleven a la pena de muerte. Éste es un argumento suficiente para denegar una petición de extradición', ha asegurado el portavoz oficial de la UE.

Pedro Rubira y Jesús Alonso, coordinadores para asuntos de terrorismo islámico de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se reunieron hace varios meses con miembros del FBI y les adelantaron que España se negará a extraditar a los detenidos por su presunta relación con los atentados del 11-S.

La justicia de EE UU no ha pedido todavía a España la extradición de Imad Barakat, Abu Dahdah, y del resto de los detenidos a los que el juez Baltasar Garzón acusa de tener una relación directa 'con la preparación y el desarrollo' de los atentados. Pero si la pide deberá aceptar las condiciones españolas. Éstas se resumen en la no aplicación de la pena de muerte y que la cadena perpetua no exceda de 30 años de prisión. Los extraditados no podrán ser juzgados por tribunales especiales, militares o secretos, ni por juicios sumarísimos como los que ha autorizado Bush.