La cumbre de la inmigración

Tras el encuentro el pasado miércoles del vicepresidente primero del Gobierno con el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Sevilla, creo que cabe esperar que se acaben por fin las acusaciones contra estos últimos por parte de los dirigentes nacionales y regionales del PP de que son el comité director de la huelga general del 20-J, con la finalidad de enturbiar la cumbre europea que pone fin al semestre de presidencia española.

Mariano Rajoy ha dejado claro que la huelga general del 20-J y la cumbre de Sevilla de los días 21 y 22 son cosas distintas y que nada tienen que ver el presidente andaluz y el alcalde de Sevilla con la primera y sí mucho con la segunda. Entre otras cosas porque la huelga se hace en toda España y la cumbre se hace en Sevilla. La lealtad constitucional con que tienen que ser desempeñadas las funciones propias del presidente y del alcalde les obliga a colaborar con el Gobierno de la Nación en que la cumbre sea un éxito. Y en eso están, en opinión del vicepresidente primero. Esperemos que Javier Arenas, Teófila Martínez y Antonio Sanz hayan tomado nota de las palabras de Mariano Rajoy.

Tanto la huelga general del 20-J como la cumbre europea tienen el suficiente interés como para que se las analice por sí mismas, sin mezclar la una con la otra

Porque tanto la huelga general del 20-J como la cumbre europea de los días 21 y 22 tienen el suficiente interés como para que se las analice por sí mismas, sin mezclar la una con la otra y sin enturbiar la reflexión que debe hacerse sobre las mismas con acusaciones groseras carentes de cualquier tipo de consistencia.

La cumbre europea, que es sobre lo que me propongo reflexionar en este artículo, está tomando una dimensión que no se preveía que tuviera en el momento en que se la proyectó. Inicialmente se pensaba que iba a ser una cumbre relativamente tranquila en la que se iba a abordar básicamente el problema de la ampliación de la Unión Europea y a iniciar el estudio de las reformas institucionales que serán precisas cuando tal ampliación se produzca.

La irrupción de la inmigración como problema en el panorama político europeo, del que los resultados de las elecciones presidenciales francesas y parlamentarias holandesas han sido los botones de muestra más llamativos, ha dado un vuelco a la agenda de la cumbre, que, como nos acaban de decir el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, se centrará en dar una respuesta europea al mencionado problema.

Está bien que así sea. Es claro que la política inmigratoria tiene que hacerse a escala europea. La definición de una ciudadanía europea exige que se adopte una decisión sobre el estatus de quienes no son ciudadanos europeos, pero viven en territorio europeo (residiendo legalmente o no, con contrato de trabajo o no). Esto, que ha sido una exigencia política y jurídica en el pasado para cada uno de los Estados nacionales europeos, se ha convertido ya en una exigencia europea. Éste es uno de los elementos constitucionales que está ya presente en la agenda europea, al que no se puede ni se debe posponer dar respuesta.

Si así no se hace, vamos a asistir a una escalada de respuestas de extrema derecha que nos pueden acabar conduciendo a un callejón sin salida. O hay una respuesta general europea o cada país va a ir aprobando una legislación que se va a ir inspirando en la última que se haya aprobado, endureciéndola un poco más. Con la coartada de que la inmigración no sea capitalizada por la extrema derecha, se va a acabar imponiendo de manera generalizada una política de extrema derecha.

Eso es lo que está ocurriendo ya. La legislación aprobada esta semana por el Parlamento italiano está inspirada en la ley española, convenientemente mejorada. Parece que la pretensión del Gobierno español es reformar la ley de inmigración con la finalidad de incorporar algunas de las mejoras italianas.

La espiral puede no tener fin. No hay Gobierno que pueda resistir individualmente la presión a la que puede verse sometido en este terreno. Solamente desde la relativa distancia de la escala europea respecto de la opinión pública de cada uno de los países puede fijarse un estándar razonable para dar respuesta al problema inmigratorio.

En Andalucía es mucho lo que nos jugamos en que la cumbre europea de Sevilla haga bien el trabajo. Tanto si lo hace bien como si no lo hace Andalucía va a seguir estando donde está y, en consecuencia, va a ser una de las puertas de entrada más importantes de los inmigrantes en Europa. Los problemas materiales y morales que se nos van a plantear tendrán una intensidad muy superior a los de otras regiones europeas, que carecen de esa condición fronteriza.

Creo que en este sentido es una suerte que la cumbre se celebre en Andalucía y que sería bueno que se hiciera visible el interés de los ciudadanos europeos en general y andaluces en particular en que se aborde el problema de una manera razonable. Si las manifestaciones que acompañan últimamente a todas las cumbres europeas tienen un profundo sentido democrático, en la medida en que a través de ellas se va creando el embrión de una opinión pública europea, la que está proyectada en Sevilla lo tiene todavía más. Tiene que ser un aldabonazo en la conciencia de todos los jefes de Estado y de Gobierno en una materia de importancia capital y de cuya respuesta va a depender en buena medida la calidad de la democracia europea.