Política e inmigración

Hace pocas semanas, alguien por quien siento aprecio y consideración me recomendó un libro: La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. En él, el sociólogo alemán Ulrich Beck da por iniciado el proceso de transformación del industrialismo, con todos sus post, hacia un futuro incierto en el que la tecnología toma la primacía. En ese proceso describe un momento de la transformación de la propia esfera de lo político de la siguiente guisa: 'La situación amenaza con convertirse en algo grotesco: el ámbito de lo no político empieza a ejercer la función de guía de la política. La política se convierte en una agencia, públicamente financiada, para los aspectos positivos de un desarrollo que ella misma desconoce y en el que no puede influir. Su desconocimiento general es superado por el carácter inevitable del proceso. Los políticos fingen mantener el statu quo aunque fomentan el cambio a una sociedad de la que no tienen la menor idea, y a su vez aparecen como responsables ante las 'protestas críticas' por las incógnitas del futuro'.

La recepción del otro deber ser compatible con la construcción de la identidad valenciana

Ni los inmigrantes equivalen a los delincuentes, ni cuestan más de lo que aportan

Beck no cree que el final del industrialismo y del propio proyecto ilustrado suponga el fracaso de la racionalidad. Más bien se abre ante nosotros un mundo de una racionalidad más compleja que debemos comenzar a averiguar despojándonos de los paradigmas mentales de un pasado demasiado ideológico. Es decir, Beck aún confía en la racionalidad y hace uso de ella. A mí no me emociona la nueva modernidad que Beck, con absoluta distancia científica, adivina. Pero tampoco soy capaz de discutir una inevitabilidad que ya es presente. Lo que sí puedo es renovar la apuesta por la racionalidad política como única forma de ayudar a afirmar la autonomía de la esfera de lo político y ayudar a esquivar la grotesca imagen descrita por Beck.

En ese sentido la inmigración es uno de los factores del futuro que ya forma parte de nuestro presente. Lejos de soluciones milagrosas, requiere de una gestión política tan decidida como prudente pero, sobre todo, ejercida desde una racionalidad compartida. Una desigual distribución mundial de la riqueza, la globalización, y las diferentes realidades demográficas entre los países del primer y del segundo y tercer mundo, están a la base de la potente emergencia del fenómeno migratorio. La segunda cuestión es la relativa a la gestión de la entrada en los países receptores y a ella le siguen los procesos de integración o incorporación de los inmigrantes a las sociedades de acogida. Hoy pocos dudan que la primera de las cuestiones exige la vinculación de las políticas de cooperación internacional y codesarrollo a las políticas de inmigración. Son también menos cada vez, los que discuten la necesidad de que los países receptores adopten medidas encaminadas a la regulación y control de los flujos migratorios. La opinión mayoritaria subraya que ésta es una condición sin la que la integración es imposible, pues cualquier posibilidad de integración pasa por el disfrute de una civilidad normalizada y la inserción laboral digna, aspectos ambos muy ligados a las posibilidades del mercado laboral de la sociedad de acogida. Sin regulación de los flujos migratorios la integración es imposible y, sin integración, la fractura social está servida y, con ella, la más que posible emergencia de formas políticas indeseables. Pero lo que nadie niega es que el fenómeno de la inmigración, tremendamente complejo, forma ya parte ineludible de nuestro presente social y político.

La inmigración ha saltado a primer plano en las agendas políticas de la mayor parte de los países de la Unión Europea y lo vigoroso del impacto ha producido reacciones que pretenden reconducir una situación que ha desbordado las capacidades de acogida y de integración de muchos países. Italia, Holanda, Francia, Alemania, Dinamarca, Austria, Gran Bretaña o España anuncian un fortalecimiento de sus criterios de regularización. Hace tiempo que en muchos países de la Unión no se conceden permisos de residencia por motivos de trabajo. España e Italia vienen siendo unas de las excepciones y es una realidad que el más que notable incremento inmigratorio en la Europa de los últimos 4 o 5 años ha venido dado a través de la reagrupación familiar o por la vía de esa nueva forma de esclavismo que es la inmigración ilegal. Nadie, tampoco España, apuesta por nuevos procesos de regularización extraordinaria y todos abogan por el endurecimiento de las medidas contra quienes contratan mano de obra ilegal y la persecución de las mafias que trafican con seres humanos. La inmigración ilegal se ha convertido en un caballo de batalla de una Unión que ansía y necesita una política común y compartida en la materia.

Otro rasgo significativo del momento europeo lo constituye el clamor por el consenso en materia de inmigración entre las fuerzas políticas. Cabe recordar a los buscadores de utopías, en el peor de los sentidos del término, que muchos de los países de nuestro entorno, con bastante más experiencia en materia de inmigración, que han adoptado restricciones, lo han hecho con altos grados de consenso y desde gobiernos de distinto signo político. Sin duda su experiencia les ha llevado a la convicción de que la utilización de la inmigración en la lucha política sólo ha conducido al deterioro de la representatividad política, al incremento de la fractura social y al ascenso de la xenofobia y la ultraderecha. Peligroso deslizamiento éste que cursa con especial perjuicio para la sociedad inmigrante regularizada e integrada o en vía de integración que, ante la indiferenciación generalizada, ve cómo recaen sobre ella todos los anatemas de la xenofobia y no se reconoce su aportación a las sociedades de acogida. Añadimos así una complicación más a los procesos de integración en la que la confianza y apertura mutuas son vitales para evitar el repliegue sobre sí mismos y el rechazo al otro en cualquiera de las dos direcciones. Por decirlo gráficamente: nadie accede a integrarse en una sociedad que le escupe.

España no es una excepción, salvedad hecha del apartado del consenso general respecto de la no utilización partidista del fenómeno de la inmigración. Ahora bien, las políticas de integración apuntan a procesos extensos en el tiempo y que no pueden variar sustancialmente en función de los cambios de gobierno. Por ello, el acuerdo básico y el juego limpio entre las fuerzas políticas más representativas, los sectores sociales implicados y los propios inmigrantes es crucial. Y lo es al punto de que él mismo puede servir de medida para establecer la altura de miras de todos los participantes, entre ellos, lógicamente, la de nuestra clase política en la que me incluyo. Quien no sea capaz de actuar en consecuencia, obra, al menos en este tema nada baladí, a favor del desarrollo del patético escenario apuntado por Beck.

En términos generales ha ido ganando terreno la idea de que un crecimiento controlado no es sinónimo de insolidaridad sino de buen juicio en el reparto: podemos ofrecer lo que tenemos y los procesos de integración celebran la diversidad pero sin menoscabo de la universalidad de nuestras conquistas democráticas. Cada día que pasa pierden fuerza aquellas críticas a la Ley de Extranjería que se ejercen desde la defensa de una política de puertas abiertas. Incluso gana terreno la idea de que la eclosión inmigratoria de los últimos dos años guarda relación con el desplazamiento de bolsas de inmigración ilegal asentadas en otros países hacia las importantes y masivas regularizaciones extraordinarias habidas en España.

El propio líder de los socialistas españoles, en una entrevista hace apenas dos semanas en EL PAÍS, protagonizó, sin rubor y supongo que a la vista de la experiencia reciente de algunos de sus adláteres europeos, una reorientación drástica de la política de su partido: de una ambigüedad que jugaba en el terreno de los que han venido defendiendo la opción de puertas abiertas y papeles para todos, pasó a afirmar que el problema de la inmigración se reduce básicamente a tres cuestiones: control de fronteras, lucha contra la inmigración ilegal e integración de la legal. Ciertamente no fue una idea muy feliz elegir la inseguridad ciudadana y la inmigración como temas centrales de una campaña política de desgaste contra el gobierno y pretender, al mismo tiempo, que la ciudadanía no vinculara de modo casi automático ambas cuestiones. Verdad es, también, que, estadísticas al margen, la vinculación encontró ayudas y un terreno abonado, pero la actitud de instrumentalización política de la inmigración que, desde posiciones, como mínimo, tremendamente ambiguas había venido manteniendo el PSOE, provocó la respuesta reactiva: si el todo vale es norma para unos en la contienda política, nada impide que pueda convertirse también en criterio para los otros. Un futuro de cooperación franca exigirá rehacer la confianza y no instrumentalizar un tema de enorme trascendencia y que nos interesa a todos, incluidos, por supuesto, los y las inmigrantes. Esperemos que así acontezca, porque la inmigración debe ser un tema de Estado y no un arma arrojadiza para el desgaste político. Los catalanes así parecen haberlo entendido, pero no es ese el caso del conjunto de España y las reacciones al anuncio del gobierno de modificación de la Ley de Extranjería en la línea de los acuerdos que, sobre inmigración, puedan alcanzarse en la cumbre europea de Sevilla, son buena muestra de ello.

Por otra parte, en toda refriega se producen efectos no deseados por ninguna de las partes y suele salir perjudicado el más débil. En este sentido, los últimos meses arrojan un balance que debe hacernos reflexionar. Amplios sectores de la población española, más numerosos justamente allí donde hay mayor presencia del fenómeno migratorio, parecen percibir prejuiciosamente al inmigrante como un peligro o problema a través de tres estereotipos básicos: o es alguien que cuesta más de lo que aporta, o es un peligro potencial para la seguridad ciudadana o es una amenaza para la identidad. La desorientación y los múltiples miedos del hombre moderno han sido batidos desde todos los frentes, con especial referencia al mediático y al de la lucha política, hasta el punto de sustanciar el peligro de un futuro aún sin forma en la realidad concreta del inmigrante. La desproporción entre la alarma social generada y la realidad migratoria en nuestro país en comparación con otros países de la Unión es palmaria al extremo que la inmigración es fuente ya de las más caprichosas teorías: desde la conspiración saudí al incremento desmesurado de la oleada migratoria en los próximos años hasta el punto de convertirla en un gigantesco maremoto que borrará del mapa la identidad de España.

Al respecto podemos estar bastante más tranquilos: ni los inmigrantes equivalen a los delincuentes, ni cuestan más de lo que aportan, ni suponen un peligro capital para la identidad. Es además previsible que, aunque continúe, la presión migratoria se estabilice y, contra los que no quieren creer en el Estado, el control de los flujos migratorios es posible aunque no sea al cien por cien. En cualquier caso un control siempre es más efectivo que ninguno. Y, también, espera a nuestras sociedades un futuro más diverso para cuya preparación todos debemos contribuir, los unos desde la tranquilidad y la apertura, los otros desde el compromiso y la integración, y, todos, desde la responsabilidad y el llamar a las cosas por su nombre. Volvemos así a resaltar la importancia de las políticas de integración. La integración, cómo hacerla posible y evitar las situaciones de fractura social, es el factor sobre el que basculan buena parte de las decisiones políticas en torno a la inmigración. Es el cómo hacer posibles los complejos procesos de integración, lo que está a la base de las políticas que abogan por la regularización del fenómeno migratorio. Nuestras sociedades quieren ejercer la solidaridad y también recibir los beneficios de una inmigración regulada que necesitan.

El caso valenciano no es distinto en absoluto. La sociedad valenciana es una sociedad abierta y dinámica que ha mostrado secularmente su gran capacidad para absorber flujos migratorios. Es además una sociedad dialogante y segura de sus recursos, que no teme el mestizaje, es, incluso, históricamente una sociedad nacida de diversos procesos de mestizaje. Paralelamente es lógico que defienda sus conquistas sociales y políticas y sus proyectos identitarios, incluida, por supuesto, la defensa de su singularidad lingüística. Una política valenciana de integración debe tener en cuenta todos estos aspectos y combinar la creciente y enriquecedora presencia de la diversidad cultural con la prevalencia de la universalidad de los derechos y libertades democráticas por las que tanto tiempo hemos luchado. Y lo mismo cabe decir respecto de nuestro proyecto como pueblo: la recepción del otro, portador de la diferencia, debe ser compatible con la construcción de la identidad común valenciana. Una empresa que ha superado tantas dificultades históricas podrá adaptarse y afrontar con garantías los nuevos retos con tolerancia y espíritu de respeto a los derechos de los que han venido y vendrán, porque a ellos también se les exige justamente compromiso para con la sociedad que los acoge.

El presente y el futuro de la Comunidad Valenciana lo exige y, al fin y al cabo, mutatis mutandis, aquí no hay más dicotomía que la contenida en la meditación de Marco Aurelio: 'Los hombres han nacido los unos para los otros. Instrúyelos o sopórtalos'.

Antonio Lis es Comisionado del Consell para la Inmigración.