Un centenar de jueces se concentran en contra de la nueva ley de retribuciones La Asociación

Más de cien jueces de la capital, convocados por la Junta General de Jueces de Madrid, que agrupa a 327 magistrados, se concentraron ayer a las puertas del Ministerio de Justicia para protestar por la nueva Ley Reguladora del Régimen Retributivo de la Carrera Judicial. Esta norma, que según fuentes judiciales será remitida muy pronto al Consejo de Ministros, fija un aumento de la retribución salarial de los jueces de entre el 14% y el 20%. Los magistrados consideran que esta subida no les hará recuperar el poder adquisitivo perdido durante diez años de congelación salarial.

Las puertas del Ministerio de Justicia, en la calle de San Bernardo, fueron ayer el escenario de la protesta de un centenar de jueces de instrucción, primera instancia, magistrados de lo contencioso-administrativo y algunos jueces de las secciones civiles de la Audiencia Provincial contra la nueva ley de retribuciones. Un tipo de manifestación que no se producía desde 1989, cuando los jueces de distrito se concentraron a las puertas del ministerio, aquella vez con toga.

El borrador de la ley que ha originado la división entre los jueces y que ha sido acordado por las dos principales asociaciones de la judicatura -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia- con el Ministerio de Justicia, no devuelve, según el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, 'ni la mitad del poder adquisitivo perdido por los magistrados durante diez años de congelación de los sueldos, entre 1989 y 1999'. El salario de los jueces oscila hoy entre los 1.803 y los 3.000 euros, según la APM. El aumento que fija la nueva ley se hará en tres tramos, según dicha asociación: el primero, en octubre; el segundo, en septiembre del año próximo, y el tercero, en enero de 2004.

El juez decano de Madrid también criticó durante la concentración de ayer una indicación recogida en la nueva ley que vincula el aumento o la disminución salarial al cumplimiento de módulos de trabajo, es decir, a la obligación de dictar un número determinado de sentencias. 'Nos hacen trabajar a destajo y eso influirá en la calidad de las sentencias', dijo.

Los módulos de trabajo fijan que un juez podrá sufrir una reducción en las retribuciones salariales de hasta un 5% si no cumple los mínimos que determinará el Consejo General del Poder Judicial con el visto bueno del ministerio, según la APM. Asimismo, la norma recoge que los magistrados podrán recibir un aumento de entre el 5% y el 10% de su salario si aumentan voluntariamente en un 20% el número de sentencias que estarán obligados a dictar. Un sistema que fue calificado de 'productivista' por el decano de los jueces madrileños.

Sistema de méritos

'Nuestra protesta se extiende también al borrador de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si sale adelante, se eliminará el sistema de antigüedad para elegir destino. Éste se podría sustituir por un criterio de méritos que consideramos más arbitrario', explicó González Armengol.

'El borrador de la nueva ley establece que la designación de los jueces se hará por un sistema no discrecional, como era hasta ahora el de la antigüedad, por lo que la promoción profesional será más arbitraria', aseguró González Armengol. Juan Manuel Suárez, portavoz de la APM, afirmó ayer que 'la concentración de jueces de Madrid' fue 'residual y anecdótica' y que estaba 'organizada por la Asociación Francisco de Vitoria, que se ha quedado fuera del Consejo General del Poder Judicial, y por eso protesta'. 'Nadie en la carrera judicial ni fiscal apoya la concentración', sentenció.

El secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, manifestó que 'el problema de la justicia no está en el bolsillo de los jueces y la dignidad de un poder se manifiesta en trabajar y mejorar el servicio a los ciudadanos'. 'No me parece razonable que un grupo de jueces muy minoritario se manifieste ante otro poder', opinó. Pero González Armengol replicó que habían recibido múltiples adhesiones tanto de fiscales como de jueces de la región y de las juntas generales de otras provincias.