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Columna
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Acciones de oro y acciones de plata

Miguel Ángel Fernández Ordoñez

Los inversores de a pie, los que no tienen privilegios, esto es, la mayoría de los inversores, deben celebrar las sentencias del Tribunal de Justicia europeo sobre las acciones de oro. Las acciones de oro permiten a los gobiernos intervenir en el mercado, dificultando las operaciones que perjudican a los gestores que disfrutan de su favor y, de esta forma, impiden que los accionistas normales obtengan el incremento del valor al que tienen derecho. El Gobierno debería retirar inmediatamente las acciones de oro de Telefónica, Endesa o Repsol. El inversor de a pie sufrirá si, por el contrario, el Gobierno cae en la tentación de jugar con la lentitud de los procedimientos judiciales para seguir explotando al accionista normal hasta el momento en que el tribunal europeo decida que las acciones españolas son incompatibles con el Tratado.

La aceptación del caso belga por parte del tribunal no sirve para defender las acciones de oro españolas porque, en cuanto al fondo, no afecta al mercado de capitales, sino a decisiones sobre transferencia de instalaciones técnicas y decisiones de gestión que ponen en peligro el abastecimiento de gas natural. Además, el caso belga se separa claramente del español en cuanto a la forma, porque no se refiere a autorizaciones previas, sino a intervenciones a posteriori y adoptadas dentro de plazos estrictos y procedimientos rigurosos.

También estas semanas hemos visto, con motivo de las ventas de Vallehermoso y Metrovacesa, las enormes primas -entre el 35% y 59%- que han cobrado quienes tenían el control de las compañías, mientras que los accionistas normales no sólo no han recibido esas cantidades, sino que, en algunos casos, han visto caer su cotización. Parece que en España, además de acciones de oro hay acciones de plata. Se debe elogiar la reacción de la CNMV pidiendo al Gobierno que cambie la legislación sobre OPA, de tal forma que el accionista normal pueda acceder a este tipo de ofertas. Pero el cambio no será suficiente para resolver el problema de que quien controla la empresa en España puede obtener de la misma un valor excepcionalmente superior al que obtiene el accionista normal, haya o no fusiones.

Hay poca esperanza de que el Gobierno español se preocupe de los accionistas normales. Se debe recordar que fue este Gobierno el primero que utilizó esta técnica de las acciones de plata con motivo de la privatización de ENCE. El Gobierno español no sólo ha utilizado acciones de plata y acciones de oro, sino que ha sido muy activo también en aprobar toda una batería de mecanismos como los blindajes a los gestores, limitaciones a las modificaciones de estatutos, limitaciones del derecho de voto en porcentajes fijados específicamente para quienes controlan, etcétera, creados para proteger a las personas que colocó al frente de las empresas privatizadas, y es difícil, por tanto, esperar de él un ánimo reformador en el sentido de pensar en el interés de todos los accionistas y no en el de sus próximos y conocidos.

Incluso si se considerara razonable revisar la normativa del mercado de valores, no es seguro que deba solicitarse en estos momentos porque los procedimientos legislativos que se han impuesto en los últimos años en España no permiten hacer reformas pensadas, discutidas, reflexionadas, que se benefician de la opinión de los expertos. El espectáculo de la tramitación de la Ley Financiera, en la que los propios legisladores se han ido enterando por el periódico de las enmiendas que iba a introducir el partido del Gobierno en el último momento, no deja posibilidad a la tranquilidad. Hoy las reformas de la legislación económica en España basan toda su solidez en lo que en el último minuto se le diga a Martínez Pujalte. Este bárbaro procedimiento ha producido alguna reforma positiva, pero ha sido pasto de numerosas chapuzas y se ha utilizado para ocupar políticamente la sociedad civil, por lo que, antes de pedir a este Gobierno que reforme nuestro mercado de valores, es recomendable pensárselo dos veces.

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