Aragón recurrirá ante el Constitucional un artículo de la Ley Financiera

El Gobierno de Aragón llevará al Tribunal Constitucional una enmienda del PP a la Ley Financiera que arroga al Ministerio de Economía las competencias en materia de aprobación de estatutos, de los reglamentos que designan los miembros de los órganos de gobierno y el presupuesto de la obra social de las cajas fundadas por la Iglesia católica.

La decisión es, a juicio del consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés, 'inconstitucional a todas luces'. 'Por eso iremos al Constitucional, el Partido Popular lo sabe, es una medida que no se sujeta', añadió. Esta medida afecta a tres cajas españolas: Caja Sur, de Córdoba; la Caja del Círculo Católico, de Burgos, y la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), de Zaragoza.

La CAI se fundó en 1905 por la Iglesia católica a través de la Acción Social Católica, una entidad ligada a la Iglesia que forma parte de su patronato rector. Es la segunda caja en volumen de negocio en la comunidad aragonesa. La cantidad destinada para la obra social en este año es de 13,52 millones de euros.

El consejero aragonés destaca que 'ahora, por arte de magia, el PP pretende que en lugar de que dependa de Aragón sea controlada por el Ministerio de Economía'. Bandrés destacaba las excelentes relaciones del Gobierno con la entidad, que aplicó sin problemas la nueva Ley de Cajas de la Autonomía de noviembre del 2000. 'Hemos aprobado una ley con el 90% del apoyo parlamentario. La medida del PP es irresponsable porque crea un conflicto donde no existía y arroja sombras de acaparamiento de comptenecias en materia de cajas que están perfectamente recogidas en la leyes'.

La CAI aprobó la pasada semana el nombramiento de los nuevos consejeros, precisamente para cumplir la Ley de Cajas de Aragón, que da entrada en sus órganos de gobierno a representantes de la comunidad.

Además, la nueva ley reforzaba el papel de la obra social en campos como le enseñanza y la sanidad pública, la investigación, la innovación, y el Gobierno de Aragón marcaba las directrices y prioridades del destino de los fondos de la obra social. La enmienda, que ya se ha debatido, será votada en el pleno la próxima semana.