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Reportaje:

Los curas españoles denuncian amenazas en Guatemala

El miedo se palpa en un país donde se teme el retorno a un tenebroso pasado de represión

'En Guatemala no se cansan de matar indios'. Esta frase despechada de Rigoberta Menchú, pronunciada el 1 de mayo durante el funeral de su contable, Guillermo Ovalle, asesinado en esta capital el 29 de abril, refleja una de las realidades más temidas por los guatemaltecos: el retorno al pasado tenebroso de represión, que alcanzó sus cotas más altas de violencia en la década de los ochenta.

Una de las primeras manifestaciones es la persecución de un sector del clero: curas, monjas y catequistas, que han hecho de la opción por los pobres su manera de entender el cristianismo. Para los sectores reaccionarios del país es una actitud intolerable. Algo que debe cortarse de raíz y actúan en consecuencia. De la época de la represión, la Iglesia guatemalteca presenta una larga lista de mártires, entre ellos cuatro sacerdotes españoles.

Esta involución, a cinco años de la firma de la paz entre la guerrilla y el Gobierno, empieza a tener manifestaciones tangibles. El convento de Nebaj, en Quiché, al norte de Guatemala, quedó reducido a escombros el 21 de febrero por un incendio provocado. El obispo de San Marcos, en el noroeste, en la frontera con México, ha sido amenazado de muerte por su apoyo a campesinos, desempleados y hambrientos, que han invadido fincas en un afán de tener un pedazo de tierra que cultivar.

Un sacerdote de esta diócesis, el pamplonica Juan José Aldaz, se salvó por los pelos el 22 de febrero. Dos hombres armados llegaron hasta su parroquia, en la población de El Rodeo, a unos 300 kilómetros de la capital. Al no encontrarlo, dejaron un mensaje para él. Con palabras soeces dijeron a una dependienta de la farmacia parroquial que lo buscaban para matarlo. Tras denunciar el hecho públicamente, Aldaz ha viajado a Costa Rica, donde asiste a un seminario. Se estima que puede volver al país a principios de julio.

Reina el miedo. 'El temor sí que existe. Somos víctimas de amenazas y actos de coacción', dijo a EL PAÍS el sacerdote Marcelino García, presidente de la Confederación de Religiosos de Guatemala, y asegura que esta virtual persecución se dirige específicamente contra 'algunas gentes de la Iglesia, las que están comprometidas con los más débiles y con la defensa de los derechos humanos'. García, de origen vallisoletano y misionero del Sagrado Corazón, denunció que una de las formas más comunes en esta campaña es el robo. 'En el último año nos han robado 20 coches', dijo, para después mostrar su extrañeza por algunos asaltos a conventos, sedes de organismos humanitarios o residencias particulares, 'de donde se llevan los archivos, pero dejan objetos de valor como los ordenadores', extremo que, añade, 'resta credibilidad a la tesis oficial, que ha atribuido tales ataques a la delincuencia común'.

El presidente de la Conferencia Episcopal afirma que detrás de la aparente delincuencia común se esconden los poderes ocultos, los mismos que hasta la fecha han impedido, desde sus posiciones de poder, que avancen las investigaciones sobre crímenes como el del obispo Juan Gerardi, ocurrido en abril de 1998. 'No hay interés en investigar nada', afirma García, y recuerda que, cuatro años después del asesinato de Gerardi, nadie ha respondido a las preguntas más elementales: como quién lo mató y el porqué de ese crimen.

En los ochenta murieron, entre otros religiosos, tres españoles misioneros del Sagrado Corazón que realizaban su labor pastoral en El Quiché, la provincia más castigada por el conflicto armado que durante 36 años ensangrentó Guatemala.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de junio de 2002