El Defensor del Pueblo denuncia que la saturación en las cárceles incumple un acuerdo de la ONU

Las cárceles españolas están cada día más saturadas. Tanto, que se 'conculca' no sólo la legislación española, sino un acuerdo de la ONU sobre reglas mínimas del tratamiento de los reclusos, según la memoria del Defensor del Pueblo del año 2001. Esta institución habla en términos muy duros sobre la situación en las prisiones y exige a la Administración que construya centros nuevos. En 2001, recuerda, se pasó de 45.054 a 48.118 reclusos. El Defensor considera además que la saturación es un 'factor desencadenante' de los asesinatos entre presos, de los que cita cinco casos.

Las situación en las cárceles no ha mejorado durante 2002. De hecho se ha superado la cifra de 50.000 reclusos. El Defensor, que se centra en el año pasado, sostiene que es 'urgente' la 'mejora de la situación de las prisiones, tanto desde la perspectiva reguladora como del incremento de plazas. Especialmente preocupante es, según el texto, la saturación de las cárceles de Canarias, donde el déficit de plazas se arrastra desde hace años. [En mayo de este año, las cárceles de Alicante y Murcia han llegado a albergar hasta tres presos por celda, en no más de ocho metros cuadrados].

La 'progresiva saturación' está provocando que de manera constante se conculque el derecho de los presos a tener una celda para ellos solos, protegido por la legislación española y por una decisión de Naciones Unidas de 1957.

Otro de los problemas graves en las prisiones es el aumento constante, también registrado en 2001, de los reclusos en prisión preventiva, que al final del pasado año alcanzaron el 22,14% del total.

La consecuencia más grave de esta saturación es, para el Defensor, el aumento de los episodios de violencia. Tanto que la memoria la coloca como 'elemento de singular importancia como factor desencadenante de los homicidios entre presos'. Durante el año pasado se estudiaron 33 casos de muerte de reclusos. Once de ellos fueron por consumo de drogas, nueve por suicidios, lo que representa una reducción con respecto a otros años, y cinco por homicidios entre internos. Aunque la memoria no especifica los casos, asume que cuatro de las 33 muertes se produjeron por 'enfrentamientos con funcionarios o posibles malos tratos'.

- Identificación de inmigración y delincuencia. El Defensor, que se negó en 2001 a recurrir ante el Constitucional la nueva Ley de Extranjería, constata en su informe que en muchos casos esta norma es 'difícilmente aplicable'. El documento hace también un llamamiento a los responsables políticos para que 'extremen la prudencia a la hora de realizar manifestaciones que den lugar a la identificación de los inmigrantes con ambientes delictivos'. Esa misma petición la extiende a los medios de comunicación. El Defensor considera que la única vía para controlar la inmigración irregular es vigilar el mercado de trabajo. Y añade: 'La acreditación de un cierto nivel de arraigo debe conducir en determinados casos a que se deje sin efecto una resolución de expulsión'.

- Lentitud de la justicia. El Defensor insiste un año más en la 'preocupante lentitud de algunos órganos judiciales' . Según el informe, la tutela judicial efectiva 'deja de serlo cuando los procesos se alargan de forma indefinida'. El informe critica especialmente la lentitud de la sala primera del Tribunal Supremo, 'la cual tiene una pendencia de dos a tres años para decidir sobre la admisión o no de los asuntos que le llegan'. El Defensor recuerda que en 1996 se adoptaron medidas para normalizar el funcionamiento de la sala que 'no tuvieron el resultado esperado'.

- Malos tratos. La mayoría de las mujeres que acuden al Defensor lo hacen para quejarse de que sus ex maridos o compañeros 'burlan una y otra vez las medidas de alejamiento, sin que este hecho sea tenido en cuenta por el juez para acordar otras medidas más taxativas, como el ingreso en prisión'. El informe se queja de que la justicia actúa en muchos casos 'cuando ya es demasiado tarde'. El número de denuncias pasó de 22.397 en 2000 a 24.158 en 2001.

- Menos vivienda protegida. La memoria se hace eco del fracaso del Plan de Vivienda 1998-2001, puesto en marcha por el Ministerio de Fomento. 'Se ha producido un descenso en el volumen de construcción de viviendas protegidas y han aumentado las promociones de vivienda libre, con un incremento desorbitado de los precios', concluye el texto.