Rato afirma que la norma española sobre Endesa, Telefónica o Repsol respeta el Tratado de la UE

El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, defendió ayer en Luxemburgo la legalidad de la acción de oro que el Gobierno ostenta en Telefónica, Endesa, Repsol, Indra e Iberia, después de conocer la triple sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE). 'Consideramos que nuestra legislación es conforme con el Tratado de la UE y lo defenderemos así ante la Corte europea', declaró.

En cualquier caso, Rato dijo que estudiará 'con atención' los detalles del pronunciamiento de los jueces respecto a las legislaciones francesa, portuguesa y belga para ver cuáles son las consecuencias jurídicas que tendrá en España. En este sentido, el responsable de Economía declaró que 'la legislación española se aproxima más a la belga', la única que, según la Corte europea, respeta los principios de libre circulación de capitales y de establecimiento recogidos en el Tratado de la UE. La diferencia esencial entre la acción de oro española es que si una empresa pública extranjera anuncia que quiere entrar en el capital de esas cuatro empresas privatizadas, al Gobierno le basta con esa mera declaración de intenciones para intervenir, mientras que en la belga el mecanismo se aplica después. Con esa afirmación, Rato excluye, sin embargo, que la legislación española se asemeje a la acción de oro francesa en Elf-Aquitaine, que fue condenada.

Rato evitó pronunciarse sobre las consecuencias que puede tener la sentencia contra la legislación portuguesa, que puede sentar un precedente jurídico importante que sirva para poner en cuestión la compatibilidad con el derecho comunitario de la ley española que impide a las empresas extranjeras con capital público entrar en el mercado energético español. Los jueces consideran que la medida portuguesa establece un trato manifiestamente discriminatorio para los inversores de otros Estados miembros.

El comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, calificó de positivo el pronunciamiento del Tribunal de Justicia, pero se mostró muy prudente a la hora de especular sobre las consecuencias jurídicas o la posibilidad de abrir nuevos procedimientos de infracción contra los países que aún mantienen instrumentos legales similares.