La Junta prohíbe la venta de alcohol desde las diez de la noche fuera de bares y restaurantes

La venta de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en locales que no se dediquen a la restauración y la hostelería quedará prohibida entre las diez de la noche y las ocho de la mañana, según un decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta. La norma, que entrará en vigor esta semana, rige también para el suministro a domicilio y la venta ambulante. Los ayuntamientos que lo soliciten podrán asumir estas competencias -sanciones y recaudación-, para lo que establecerán convenios específicos con la Junta, que facilitará los medios de financiación.

El decreto desarrolla la Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas de 1997, así como el endurecimiento de algunas de sus medidas que aprobó el Parlamento andaluz, por unanimidad, hace justamente un año. A partir de la publicación de la norma, presumiblemente esta semana, los establecimientos que no se dediquen a la restauración o la hostelería no podrán vender bebidas alcohólicas de alta y baja graduación entre las diez de la noche y las ocho de la mañana.

Según el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, quien compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno, esta medida persigue eliminar del mercado la oferta excesiva que genera la 'cultura malvada' que lleva a los jóvenes a consumir 'alcohol con radicalidad'. 'No hay razón alguna', añadió el consejero, 'para que a los dos de la mañana haya un menor consumiendo una bebida adquirida en un local que hasta la diez de la noche ha despachado, por ejemplo, helados'.

La prohibición se extiende a la venta ambulante y al servicio a domicilio, por lo que a partir de la diez de la noche las empresas de comida rápida, como pizzería o similares, no podrán distribuir ni siquiera cervezas. 'Si permitimos cervezas, también puede colarse otra cosa', explicó Pérez Saldaña.

Las gasolineras y áreas de servicios ubicadas en las zonas colindantes a carreteras, autovías y autopistas no podrán en ningún caso vender bebidas de más de 20 grados y a partir de la hora marcada en el decreto de ninguna graduación.

El consejero de Asuntos Sociales destacó que el nuevo texto legal otorga a las corporaciones locales la posibilidad de solicitar la delegación de competencias en esta materia, que se efectuará mediante convenios. 'No pretendemos pasar la patata caliente a nadie, la asunción de las competencias es voluntaria, a petición, e irá aparejada de los medios económicos para su ejercicio', recalcó Pérez Saldaña, quien, no obstante, se mostró convencido de que la totalidad de los ayuntamientos solicitarán su adhesión.

Además de potestad para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores tipificados en la ley, las corporaciones locales podrán recaudar las multas y destinar el dinero a los planes de prevención de cada municipio. En cualquier caso, los ayuntamientos deberán comunicar anualmente a la Junta las sanciones impuestas, las cantidades recaudadas y el destino que se les ha dado. 'Se trata de poner las bases para solucionar el problema, porque no es posible luchar en este ámbito sin la ayuda de los ayuntamientos'.

El consejero aseguró que el decreto está alejado de las medidas 'electoralistas y populistas' del Gobierno central, ya que no se intenta marcar filosofías sino establecer normas 'drásticas, claras, específicas y rotundas' que se pueden cumplir.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno acordó también ayer iniciar los trámites del anteproyecto de Ley de Función Pública, que introduce la aplicación de sistemas de evaluación del rendimiento de los funcionarios y cambios en el sistema retributivo para vincular el salario a la tarea profesional. La titular de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, explicó que la futura ley, que sustituirá a la norma en vigor de 1985, no sólo afectará a los empleados de la Junta (unos 200.000), sino también se extenderá a los funcionarios de las administraciones locales y las universidades públicas (90.000).