Acciones ocupacionales
He trabajado durante tres años en uno de los grandes ayuntamientos de este país y dos años más como responsable económico de una entidad colaboradora del Departamento de Trabajo de la Generalitat. Durante ese periodo, mi trabajo tuvo que ver con la gestión y el control de acciones de formación para desempleados.
En lo que he podido vivir en primera persona, se trata de cursos con menos alumnos de los necesarios, recogida de firmas por duplicado y triplicado, cuando no falsificadas directamente (¡también en la Administración!). Un marco burocrático inútil, aplicaciones informáticas oficiales dignas de una novela de Kafka, cobros con retrasos de hasta dos años, otorgamiento de acciones a entidades por amiguismo, acciones anuales comprimidas en cuatro meses, funcionarios deprimidos, usuarios mal servidos y administradores superados.
El origen del problema es claro: una legislación europea exigente sobre una gestión autonómica caótica, una iniciativa política inexistente y una red de intereses y complicidades que impedían e impiden que salga a la luz uno de los grandes escándalos de este país.
Después de oír tantas veces la imposibilidad de tener una comisión de investigación en el Parlament 'en interés de la gobernabilidad', me pregunto si no ha llegado la hora con el informe de la Sindicatura de Cuentas. Esta medida llegará tarde, pero creo que es lo mínimo que se merece un servicio para los parados: que sea transparente y eficiente.
