Cadena de errores

Para ser un Gobierno que se declara liberal, el de Aznar ha demostrado una incapacidad notable para liberalizar los mercados estratégicos de la economía española. Las reformas del mercado de carburantes han pasado por los dominios de Repsol y Cepsa sin mancharlos ni tocarlos; la liberalización de las telecomunicaciones ha bajado el precio de la telefonía móvil, pero ha paralizado cualquier desarrollo inversor, bien sea en nuevas infraestructuras, para los próximos diez años; la del sector eléctrico ha acabado por reforzar el duopolio Endesa-Iberdrola y los consumidores no van a poder elegir entre suministradores en la fecha prevista, aunque se supone que a cambio de esa elección entregarán a las empresas un billón de pesetas vía tarifas, parte de las cuales ya han cobrado, y la reforma de la Ley del Suelo es otro fracaso que condena a los españoles a destinar más del 40% de sus salarios a pagar la hipoteca de sus pisos.

Para bajar el paro causado por desajuste entre oferta y demanda, debe actuarse sobre mercados que impiden la movilidad, como vivienda

Con la misma habilidad, el Gobierno afrontó una reforma laboral que promete coronar un nuevo fracaso -en términos de mejora del mercado de trabajo; el pulso político es otra cosa-, pero esta vez más estrepitoso. Los primeros tramos de la reforma, referidos a las modalidades de contratación, ya se salvaron a duras penas sin conflicto, porque el Ministerio de Economía, que lleva la dirección política de las reformas, tiende a aplicar, a través del Ministerio de Trabajo, el principio de ordeno y mando. Como decía un diputado de la oposición, 'este Gobierno siempre espera que sus propuestas legislativas se acepten en primera posición de saludo'. El problema para José María Aznar, Rodrigo Rato y Juan Carlos Aparicio, es que los sindicatos UGT y CC OO han considerado que el último ucasse laboral transmitido por el Gobierno para modificar las prestaciones por desempleo dejaba en mal lugar su imagen política y, además, lesionaba algunos derechos fundamentales de los trabajadores. El resultado es una convocatoria de huelga -en preaviso, para el 20 de junio- y la ruptura de las buenas relaciones entre el Gobierno y los sindicatos, uno de los pilares de la prosperidad económica del último lustro.

La huelga es consecuencia de varios errores, en primer lugar, del equipo económico del Ejecutivo. Ni menos ni más que en otras supuesta reformas, pero en esta ocasión con mayor repercusión pública. Con ánimo sistemático, pueden reunirse los siguientes:

1º La prestación por desempleo es un derecho adquirido por el trabajador, bien a través de una cotización previa, la que aporta hasta que está parado, bien mediante la aportación de otros trabajadores que cotizan para que el parado pueda percibir el sustituto del salario. Por lo tanto, es muy discutible que la Administración pueda convertir ese derecho en una decisión discrecional del funcionario de turno. Lo que el Gobierno propone es exactamente eso, que la Administración pueda decidir cuándo y cómo el parado tiene derecho a cobrar el paro; se arroga una facultad que no tiene, salvo acuerdo con las partes. Por lo tanto, los sindicatos se consideran 'obligados a actuar'.

2º Las razones que explican el contenido de la reforma no son convincentes. Si se quiere disminuir el desempleo que se produce porque no casan la oferta y la demanda de trabajo, sería más eficaz actuar sobre los mercados que estrangulan la movilidad (el de la vivienda, por ejemplo). Las medidas que propone el Gobierno -reducir la prestación por cada oferta de trabajo rechazada- serían tolerables si, al mismo tiempo, se produjesen reducciones sustanciales en el coste de la vivienda (propiedad o alquiler) y de transporte; si no es así, se interpretan como una simple represión.

3º El argumento de que la reforma reducirá el fraude tampoco tiene demasiada consistencia. Para reducir el fraude del PER (Plan de Empleo Rural) no es necesario suprimirlo (para nuevas incorporaciones); bastaría con exigir eficacia a los inspectores.

4º El principio imperativo de todo cambio en el mercado laboral debe ser el acuerdo con los llamados agentes sociales. No debe imponerse por voluntad política, aunque esa voluntad nazca de la mayoría absoluta. Se corre el riesgo de afectar derechos que están en órbitas distintas; como el mencionado de disponer de las cotizaciones propias (o ajenas entregadas como parte de un pacto de solidaridad).