Bruselas abre la caza del pesquero

Sobran barcos y faltan peces. Ésta es la principal conclusión adoptada por los servicios técnicos de la UE en su análisis de los caladeros comunitarios. En función de esos datos, la Comisión ha planteado una reforma de la Política Común de Pesca (PCP), basada en la eliminación de 8.600 barcos, de los que 1.326 serían españoles, y en la supresión de 28.000 empleos.

La reforma afecta tanto a las grandes empresas como a los miles de pequeños y medianos barcos que esperan su modernización

Esta propuesta comunitaria se ha hecho en contra de las posiciones de los países al sur de la Unión Europea como España, Italia, Grecia, Francia y Portugal, donde se mantienen las flotas más numerosas y con una mayor necesidad de reestructuración y modernización. Por ese motivo, la Administración española confia en la posibilidad de modificar sustancialmente la primera oferta comunitaria que quiere presentar en Madrid el comisario Franz Fischler el próximo viernes al conjunto del sector, Administración y Parlamento.

En el caso de España, la reforma propuesta afectaría negativamente, tanto a los grandes grupos de armadores, como Pescanova, que operan en aguas de terceros países, como a más de un centenar de pequeñas y medianas empresas, que lo hacen fundamentalmente en los caladeros comunitarios. La medida afectará igualmente a los miles de pequeños barcos en Andalucía o todo el Mediterráneo, aunque no faenen en aguas comunitarias, cuyos propietarios planeaban la construcción de nuevas embarcaciones.

Para los grandes grupos con actividad fuera de las aguas comunitarias, la reforma les afecta por la eliminación de fondos para exportar barcos, constituir empresas mixtas o el desarrollo de acuerdos, una política que ha sido fundamental para España en los años precedentes. Para las flotas que operan en aguas comunitarias, la reducción del esfuerzo supondrá más paro y abandono de la actividad.

Flota y recursos

Ajustar las flotas de los países miembros a las posibilidades de pesca en los caladeros comunitarios ha constituido uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea prácticamente en las dos últimas décadas, desde el inicio de la Politica Común de Pesca (PCP). Bruselas aspiraba a mantener un cierto equilibrio entre los intereses de los pescadores y la necesidad de evitar el deterioro de los recursos, tanto con medidas estructurales como de otras de inspección y control. En esta estrategia se enmarca la aplicación de diferentes programas estructurales, como el actualmente en vigor hasta el año 2006, así como los Programas de Orientacion Plurianual (POP) para la reducción de flotas.

Esta política de ajuste ha supuesto ya para España, desde el ingreso en la Unión Europea, la reducción de la capacidad de su flota, mientras otros países, lejos de cumplir los recortes exigidos por Bruselas, elevaron su capacidad en medio de la indiferencia de la Comisón. Desde 1986, España ha bajado de casi 20.000 a poco más de 15.000 el número de barcos, mientras el potencial de la flota se ha reducido casi en un 50%. En consecuencia, la estrategia comunitaria de reducción de flota mediante desguaces o la exportación no es nueva. Lo sorprendente en este momento es que ese ajuste se quiera hacer por la vía rápida y sin apoyos para exportar barcos o que los recursos disponibles, en lugar de utilizarse para mejorar la estructura de sus barcos, se quieran destinar a desguazar y para jubilaciones anticipadas como medida más rápida para acabar con la falta de recursos.

Igualmente destacan las contradiciones de la propia Comisión en esta misma política. Mientras por un lado Bruselas abogó siempre por desmantelar flotas para reducir el esfuerzo pesquero ante el fracaso de los mecanismos de control, por otra parte la Comisión apoyó con ayudas la construcción de grandes superarrastreros holandeses y alemanes, capaces de capturar una sola unidad igual que centenares de pequeños barcos.

La existencia en los últimos dos años de datos preocupantes sobre la situación de los caladeros, según los informes manejados por la Comisión, ha sido el detonante de una propuesta de reforma de la PCP, donde el principal objetivo es eliminar flota para reducir la pesca. Bruselas ha tirado prácticamente a la basura todas las propuestas elevadas a Bruselas los dos últimos años por organizaciones de armadores y diferentes Administraciones de los países miembros. Con esta opción de ajuste a la brava frente a otros mecanismos de conservación y control, la UE ha reconocido también el fracaso de su política actual.

Ajuste duro

De acuerdo con los datos manejados por Bruselas, los países miembros cuentan con un total de casi 100.000 barcos pesqueros. Según la Comisión, hay más barcos que peces, lo que supone pérdida progresiva de puestos de trabajo y más infracciones de las normales por el afán de los armadores de sacar rentabilidad a su actividad.

Para acabar con esa situación,Bruselas ha puesto sobre la mesa de los ministros de Pesca comunitarios una propuesta donde se contemplan aspectos positivos como medidas conservacionistas, nuevos mecanismos de control en aguas comunitarias e internacionales o planes de gestión de recursos plurianuales.Sin embargo, el eje de la propuesta se concreta en la reduccón de entre el 30% y el 60% del esfuerzo pesquero, lo que se debe traducir en la eliminación de 8.600 barcos, que suponen el 8,5% del total de la flota hasta el año 2006. Como Buselas tiene prisa por desguazar, se ofrece una ayuda superior en un 20% a la actual para los barcos que se hayan visto obligados a reducir su actividad más de un 25% con los nuevos planes de gestión de recursos y que se quieran eliminar.

Ejecutar este plan supondría reordenar los actuales fondos estructurales del Instrumento Financiero para la Ordenación de la Pesca (IFOP), que estaba previsto hasta el año 2006, lo que significaría destinar casi 800 millones de euros para jubilaciones anticipadas de los pescadores y programas de recolocación de unos 28.000 trabajadores.