Un rosario de esperpentos jurídicos

La tutela de la Generalitat sobre el negocio del juego ha generado algún esperpento jurídico en los tiempos recientes. El caso más notable fue el concurso convocado para autorizar la explotación del casino de La Vila Joiosa, cuya empresa titular arrastraba millonarias deudas con Hacienda.

La Comisión Técnica del Juego convocó un sorprendente concurso doble que forzaba la titularidad sobre los inmuebles en los que asentaba el casino para optar a la licencia que autoriza la práctica del juego.Un concurso que parecía diseñado a la medida del adjudicatario.

La opción del concurso fue posterior a una oferta de subasta pública de los inmuebles por un precio muy inferior a las deudas acumuladas y sin mención expresa a la necesidad de disponer de licencia de explotación. La Consejería de Hacienda alegó siempre que la subasta había sido impulsada por la Agencia Estatal Tributaria pero la suspendió apenas un día antes de celebrarla.

El nuevo reglamento parece diseñado a la medida de algún empresario interesado en abrir un casino de juego en Castellón y colmaría las aspiraciones de algunos empresarios que han soñado desde hace años con explotar un casino en Valencia.

El decreto, en fase de audiencia, satisface algunas de las necesidades de los empresarios que explotan los dos casinos autorizados en la actualidad, cuyo negocio no es muy boyante.

La posibilidad de establecer salas permanentes en grandes ciudades redundaría en la cantidad de público y en el volumen de negocio. Pero choca con los intereses del sector del bingo, por ejemplo, que considera amenazado un negocio mortecino ante el atractivo que supone un casino para los apasionados del juego. Fuentes del sector recuerdan que la Comunidad Valenciana alberga el mayor número de salas de bingo por habitante de toda España.