Obispos nacionalistas

La última pastoral de los obispos vascos es un pronunciamiento político contra la Ley de Partidos que actualmente se tramita en el Parlamento y que permitiría eventualmente la ilegalización judicial de Batasuna. Ése es el transparente objetivo de esta nueva salida episcopal a la plaza pública: decir que están contra esa ilegalización. Muchas otras personas, nacionalistas y no nacionalistas, comparten esa opinión. Lo singular es que los obispos presentan como principios morales indiscutibles las muy terrenales razones que al respecto defiende actualmente el nacionalismo vasco, a las que se adhieren sin mayores reservas.

Los obispos hicieron bien en no suscribir el Pacto Antiterrorista, un acuerdo político que sólo tenía sentido como compromiso entre partidos. Ahora han cambiado de criterio y aceptan entrar en un debate estrictamente político. Lo hacen cuando los partidos nacionalistas, los democráticos y los que apoyan a ETA, se disponen a manifestarse conjuntamente, el próximo día 16, contra la Ley de Partidos. Los obispos bendicen esa oposición con argumentos de naturaleza política; respetables, pero también criticables. El principal es que, 'sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA', la ilegalización tendría consecuencias sombrías para la convivencia, agudizando la 'división y confrontación cívica'.

Eso mismo pronostican los nacionalistas, pero es algo que llevan 20 años haciendo, cada vez que surge alguna iniciativa contra la pretensión de impunidad de ese mundo: desde las extradiciones, en su día, a las reformas legislativas o actuaciones de los jueces. Especialmente decepcionante resulta esa mención a las relaciones entre ETA y Batasuna: como si fuera algo indiferente a efectos de la ilegalización el que, por ejemplo, existiera una financiación común, como sostiene Garzón. El planteamiento llevaría a defender la impunidad de determinados delitos a fin de evitar reacciones que provoquen un 'deterioro mayor' de la convivencia y una mayor inseguridad de 'los amenazados'.

Aunque se revista de criterio moral, es una lógica que llevaría a no enfrentarse a ETA; a no hacer nada que pueda irritar a los que amenazan y a los que cumplen las amenazas. La experiencia demuestra, además, que la impunidad no hace desistir a quienes se consideran con derecho a imponer sus ideas por la fuerza. Al respecto resulta desconcertante que los obispos pongan en el mismo plano a quienes quieren 'imponerse por la fuerza ciega' y a los que abogan por 'el puro imperio de la ley'. La ley no es, en un régimen democrático, la expresión de una voluntad despótica, sino la de la ciudadanía, en defensa de la convivencia.

Esta pastoral no evita llamar terroristas a los terroristas, ni es ambigua en su condena de ETA. Tampoco rehúye concretar que las víctimas caen siempre del lado de los no nacionalistas. Sin embargo, hay más elementos de continuidad que de cambio respecto a las pastorales del hoy jubilado obispo Setién. Hay adaptación al terreno: las consideraciones de Ibarretxe sobre las víctimas o sobre el pluralismo han sido incorporadas, pero el razonamiento episcopal sigue dando por supuestos tópicos como el de que existe un déficit democrático que haría necesario un nuevo consenso; es decir, nuevas concesiones por parte de los no nacionalistas, hasta contentar e integrar a los que no aceptan el consenso forjado en torno a la autonomía.

Los obispos vascos no defienden a ETA, no son condescendientes con los crímenes ni indiferentes al dolor de las víctimas. Se limitan a proponer, como solución al drama del terrorismo, salidas favorables al nacionalismo y de probada ineficacia. Abogan por el convencimiento amistoso antes que por el enfrentamiento, pero no dicen qué hacer si ETA no acepta disolverse. Son más sensibles a los agravios de los nacionalistas por ser injustamente identificados con la violencia que a las afrentas cotidianas contra los otros.

En el País Vasco, el 77,7% de los ciudadanos se autodefinen como católicos, y un 30% se consideran practicantes. Un estudio realizado en 1987 en Vizcaya reveló que la identificación con el nacionalismo era mayor entre los curas que entre los laicos. El 64% de los clérigos decía tener un sentimiento nacionalista, y dos tercios de ellos lo calificaban como fuerte o muy fuerte. En 1998, el consejo presbiteral de Bilbao pidió por escrito al obispo Blázquez que dejase de asistir a los funerales por las víctimas de ETA dado el 'grave riesgo de ambigüedad y manipulación'. Los obispos vascos reflejan con fidelidad ideas, sentimientos y hasta prejuicios de la mayoría nacionalista de su clero, pero no tanto los del conjunto de sus feligreses, y mucho menos los del sector de la sociedad que no comparte la fe nacionalista.