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Zaplana aprueba el proyecto que consagra la gestión sanitaria mixta

Una agencia de salud integrará todos los recursos asistenciales

El Consell aprobó ayer el proyecto de ley de ordenación sanitaria que persigue 'la máxima integración de los recursos asistenciales', la creación de un organismo de gestión ajeno a la Consejería de Sanidad y el recorte de la presencia ciudadana en el Consejo Valenciano de Salud. La norma impulsa el modelo sanitario que Eduardo Zaplana estrenó con el Hospital de Alzira y ha sido muy contestada por los sindicatos.

La escueta nota oficial distribuida ayer por Alicia de Miguel, portavoz del Consell, explica que 'la norma proporciona una organización sanitaria en concordancia con el modelo de sociedad que se pretende lograr en la Comunidad Valenciana'.

El proyecto lleva años de retraso sobre el calendario previsto y fue severamente censurado por los representantes sindicales que se opusieron al reciente dictamen de Consejo Económico y Social sobre el texto porque consideran que vulnera la Ley General de Sanidad de ámbito estatal.

La norma suprime las 20 áreas de salud en las que se distribuye el territorio de la Comunidad Valenciana y establece unos nuevos 'departamentos', 'como mínimo tres', dibujados para lograr 'la máxima integración de recursos asistenciales', tanto públicos como privados.

El control de la atención sanitaria, pública y privada, será gestionado por una Agencia Valenciana de Salud, 'un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines'. La agencia estará adscrita a la Consejería de Sanidad, pero funcionará de forma independiente y al margen de las directrices sobre 'salud pública', que siguen adscritas al departamento que controla Serafín Castellano.

La nueva norma prevé también la creación de un instituto de acreditación de las prácticas sanitarias que velará por la calidad y seguridad asistenciales. Una fórmula parecida a la que prevé la nueva ley universitaria de ámbito estatal.

También prevé una reorganización del Consejo Valenciano de Salud que restringe la actual presencia de asociaciones de vecinos y organizaciones sindicales en favor de representantes municipales, organizaciones médicas corporativas y la propia Generalitat.

Los representantes sindicales expresaron su oposición al proyecto porque consideran que responde a 'un experimento' del PP para impulsar una 'privatización encubierta' del sistema sanitario. El proyecto prevé, según fuentes sindicales, extender la 'concesión administrativa' a todo tipo de servicios sanitarias, introduce la 'competencia mercantil' entre servicios públicos y privados, y fragmenta el actual modelo del sistema nacional de salud.

Además, según las mismas fuentes, violenta la Ley General de Sanidad al separar la gestión asistencial, que cede a la nueva agencia, de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades que la norma estatal considera prioritarias y que quedan en manos de la consejería pero sin instrumentos adecuados.

El municipio de Villena (Alt Vinalopó) sólo aceptará como válidas dos de las seis propuestas alternativas que la Consejería de Obras Públicas y Transportes trasladará al Ministerio de Fomento para soterrar las vías del ferrocarril, una histórica reivindicación de los vecinos.

El alcalde de la localidad, Vicente Rodes, del PP, informó ayer 'con detalle' a los colectivos cívicos y empresariales de las seis soluciones que la Consejería de Obras Públicas y Transportes, baraja trasladar al Ministerio de Fomento como viables, tanto técnica como económicamente, para soterrar las vías férreas que dividen en dos al municipio. Las seis alternativas presentan un baile presupuestario que alcanza hasta los 1.200 millones de euros.

Fuentes municipales aseguraron ayer que Villena sólo aceptará como posibles las dos primeras. Ambas incluyen el soterramiento de la línea convencional en su ubicación actual; si bien la primera recoge el entierro de la línea del AVE a su paso por la ciudad, y la segunda apuesta por trasladar el tren de alta velocidad a varios kilómetros del casco urbano. Una alternativa que no termina por convencer al consistorio villenense. No obstante, la decisión última depende del Ministerio de Fomento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de mayo de 2002