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Los ayuntamientos del PSE pedirán una moratoria en la tasa de saneamiento

La polémica surgida en torno al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, acusado de enchufismo, desvío de fondos por más de 120 millones de de euros y con dos denuncias judiciales encima por criticar al PP y al PSE-EE en anuncios de prensa, sigue sin apagarse.

Los socialistas vizcaínos anunciaron ayer que propondrán en los ayuntamientos que gobiernan -ubicados principalmente en la Margen Izquierda- la paralización del pago en la tasa de saneamiento de aguas 'hasta que se aclare cuál es el coste'.

El PSE-EE llevará este asunto a los plenos municipales de Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi y Ortuella antes de un mes y esta misma semana presentará la propuesta en el pleno de Bilbao, que se celebra el jueves. El recargo en el saneamiento -desde hace 20 años los abonados pagan una sobretasa, que desde 1987 supone el doble de lo que corresponde para sufragar el Plan Integral de Saneamiento del área metropolitana- es objeto de debate, ya que se impuso con la condición de que se dedicara exclusivamente a obras por ese concepto. La dirección del Consorcio ha reconocido que ha destinado parte del dinero recaudado en los últimos 21 años (584 millones de euros) a gastos de personal, administrativos y financieros, pero considera que no hay desvío de fondos. El Tribunal Vasco de Cuentas y los partidos de la oposición vizcaína creen lo contrario.

El PSE está cumpliendo su advertencia de que no parará hasta aclarar lo que pasa en el Consorcio Bilbao-Bizkaia, que gestiona el saneamiento y abastecimiento de agua de 53 municipios. Su portavoz en la capital vizcaína, Dimas Sañudo, defendió la moratoria en el pago de la tasa de saneamiento hasta que se aclare cuánto se ha pagado 'por diferentes vías y qué se ha hecho con el dinero que debiera haberse destinado al saneamiento'. El PSE recordó que sus ayuntamientos en la Margen Izquierda y el de Bilbao suponen el 62% de los abonados de la entidad. Por ello, si la petición de moratoria prospera y no tiene respuesta del Consorcio, el PSE ya baraja plantear posteriormente la salida de la entidad de estos municipios.

Los socialistas también consideran irregular el uso de las subvenciones de las instituciones, que han totalizado 141 millones de euros desde 1980. El convenio para el cuatrienio 1996-1999 establecía que estas ayudas no se pueden utilizar para 'costes financieros', como lo ha hecho el Consorcio, que en su última asamblea admitió haber sufragado 41 millones de euros por este concepto desde 1980.

Sañudo dijo que los 17 municipios que fundaron el Consorcio han pagado en los últimos años una sobretasa que supone 1.021 euros por familia, 'pero sólo se han destinado en obras específicamente de saneamiento 100.000 pesetas (600 euros)'. Añadió que el PNV, que copa la dirección de la entidad, 'trata de mangonear' en el 'importante nicho económico' del agua en Vizcaya, que 'mueve anualmente decenas de miles de millones de pesetas'.

La dirección vizcaína del PNV replicó horas después y aseguró que la del PSE es una 'decisión únicamente electoralista', afirmó en un comunicado. A su juicio, los socialistas persiguen el único objetivo de 'preparar un frente común junto con el PP para las próximas elecciones municipales y forales'. Los peneuvistas señalaron que las 'supuestas irregularidades' fueron cometidas en una época en que 'el PSE formaba parte del equipo de gobierno del Consorcio y por tanto participaba en la toma de decisiones y la gestión en esta entidad'.

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