Pactos a medias

Es manifiesta la tendencia del Gobierno a considerarse intérprete único y gestor en exclusiva de los pactos políticos suscritos con la oposición. La elaboración de la Ley de Partidos es un ejemplo de esa actitud en lo que se refiere al Pacto Antiterrorista. La pretensión inicial del Gobierno de que la aceptación genérica del borrador por parte de los representantes del PSOE, tras una reunión de tres horas, equivalía a renunciar a enmendar el proyecto, estuvo a punto de provocar que la ley saliera adelante con el exclusivo respaldo del PP, lo que hubiera planteado serios problemas de legitimación política. Sólo el temor a que ello pudiera ser aprovechado por los nacionalistas hizo desistir a Aznar de su interpretación de lo que significa la mayoría absoluta.

La mayoría absoluta tiende a cegar a quienes la disfrutan, como ahora mismo se está viendo a propósito del decreto sobre el desempleo. Aznar ha interpretando la respuesta sindical como prueba de que las centrales y la oposición política no aceptan el veredicto de las urnas. En fin, la gestión del Pacto por la Justicia, firmado hace un año, es otro síntoma de lo mismo. El Gobierno ha tomado la costumbre de preparar textos sobre las cuestiones que contempla ese pacto sin que el PSOE participe lo más mínimo en su elaboración, y pretende luego que sean aceptados poco menos que en su integridad. La oposición ha tenido que bregar duro para que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introduce una nueva modalidad de juicios rápidos, no sea un transunto de justicia expeditiva y sin garantías. Lo mismo puede suceder con la del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El borrador del ministerio no dice una palabra sobre el punto más polémico y que más sombras proyecta sobre el funcionamiento de la institución: el nombramiento y cese del fiscal general del Estado por el Gobierno.

Más grave puede ser la situación creada a cuenta de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma básica y esencial de la judicatura. ¿Es admisible, además de leal, que en un asunto tan trascendental los servicios ministeriales de Justicia elaboren un borrador de ley por su cuenta y lo filtren después a modo de globo sonda? Es impensable, además, que el PSOE pueda aceptar una reforma que constituye más bien una contrarreforma de la vigente ley y que aborda unilateralmente aspectos tan esenciales como la carrera judicial, modificándola sustancialmente; el acceso a la judicatura, suprimiendo el llamado tercer turno, y la competencia de las autonomías en el capítulo de los medios personales y materiales al servicio de la justicia, restringiéndola drásticamente.

El Gobierno parece entender que los pactos sólo alcanzan a sus enunciados y principios generales, pero que su desarrollo normativo y político es cuestión de su exclusiva competencia. Pero los pactos lo serían a medias si no se extendieran también a la elaboración consensuada de los textos que los desarrollan. El Gobierno no lo entiende así y la oposición se ve sorprendida por borradores unilaterales que luego debe negociar duramente en el Parlamento. No es extraño que, en lo referente al Pacto sobre la Justicia, los socialistas hayan denunciado su supuesta manipulación por parte del Gobierno.