Oratorio de discordia

La construcción en Premià de Mar de un oratorio -llamarle mezquita sería un exceso- musulmán ha reabierto la caja de los truenos de la intolerancia. Una parte de los vecinos de esa población costera catalana se oponen a que personas de confesión musulmana, mayoritariamente magrebíes, construyan un oratorio en un solar adquirido para ese fin en el centro de la localidad y para el que cuentan con la debida licencia municipal. La presión vecinal ha provocado que el Ayuntamiento -gobernado por socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya- se haya echado atrás y proponga ahora que el oratorio se ubique en la zona industrial de la población.

¿Sería de recibo que la Iglesia católica se viera obligada a construir un templo en un polígono industrial ante la oposición de un colectivo de vecinos a que lo hiciera en el casco urbano? No parece probable que la pregunta llegue siquiera a plantearse. Pero se considera normal si se trata de otra confesión. Algunos partidos políticos incluso se han apuntado al oleaje de la última moda populista europea. El PP de Premià, por ejemplo, apoya ese traslado a la zona industrial, vulnerando el principio de respeto a la propiedad privada que otras veces considera prioritario. No es la primera vez que los populares juegan esa carta.

Es evidente que el libre ejercicio de la religión debe mantenerse de acuerdo con el ordenamiento legal. De la misma manera que hombre y mujer -le pese a la confesión que le pese- son iguales ante la ley. Son condenables actitudes como la del antiguo imam de Premià -Abdelaziz Khafo-, que se negó a dialogar con la alcaldesa por el hecho de ser mujer. Ahora se han alzado voces de políticos desinformados pidiendo la expulsión de ese dirigente religioso, que vive desde hace un año en Holanda. Aseguraba el líder de Esquerra Republicana, Carod Rovira, que los intolerantes deben ser expulsados, una reflexión a la que se sumó ayer el propio conseller en cap, Artur Mas, y que nunca se hace extensiva a aquellos ciudadanos que la ejercen contra los recién llegados. Y en el caso de Premià de Mar hay muestras suficientes.

Lo triste del caso es que las declaraciones han secuestrado el debate y han convertido los problemas de integración de inmigrantes en arma política arrojadiza. Los ayuntamientos se ven superados -técnica y materialmente- por la oleada migratoria. El Gobierno central no contribuye a financiar los gastos de adaptación que la inmigración supone y la Generalitat catalana fantasea con su intención de fijar directamente el cupo de inmigrantes. Con estas actitudes se aleja cualquier posibilidad de sustraer de los vaivenes políticos un problema de fondo como es la integración de los ciudadanos extranjeros y la adaptación de las mentalidades de las poblaciones que los acogen.