Zaplana asegura en las Cortes que el número de extranjeros detenidos ha crecido un 55%

El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el portavoz socialista, Joaquim Puig, se acusaron ayer mutuamente de ocupar posiciones propias de la extrema derecha europea en torno a la inseguridad ciudadana por relacionar delincuencia e inmigración. El titular del Consell, que compareció en las Cortes en la sesión de control, aseguró que el índice de delincuencia en la Comunidad Valenciana está en las mismas magnitudes que en España y en Europa, 'a pesar de que somos receptores de más inmigrantes', y añadió que el número de extranjeros detenidos en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 55%, frente al 4% de españoles. Puig tachó de 'lepenista' el discurso de Zaplana.

La pregunta de los socialistas a Zaplana en la sesión mensual de control al Consell en las Cortes era si el presidente piensa que está actuando de forma eficiente para luchar contra el aumento de la criminalidad en la Comunidad Valenciana y si cree que su Gobierno está en condiciones de prevenir las causas que han generado el aumento de la delincuencia. En su primer turno, Zaplana despachó el asunto por la vía rápida, como es habitual. Subió a la tribuna sin papeles, aseguró que 'la inseguridad, la violencia y la criminalidad tienen connotaciones complejas', y añadió: 'Si me pregunta si los planteamientos que se están aplicando son eficaces, le contesto con rotundidad que sí'.

Joaquim Puig acusó a Zaplana de 'ignorar la crisis de la inseguridad ciudadana' y de mostrar 'insensibilidad hacia las víctimas' y le recordó que es la segunda vez en tres meses que los socialistas le llaman 'al orden' para que ponga solución al problema. Puig aseguró que hay menos policías, dijo que faltan recursos judiciales, denunció la 'pasividad' del PP en torno al problema y recordó que lo que hay que hacer es 'combatir a los criminales, no criminalizar a los pobres y a los inmigrantes'. Según el portavoz socialista, 'sólo la extrema derecha europea asimila la delincuencia a la inmigración'. Después, en el pasillo, Puig acusó a Zaplana de deslizar 'tesis lepenistas' en su discurso.

En su segunda intervención, Zaplana comenzó con una afirmación que contradice recientes estadísticas según las cuales la Comunidad Valenciana ha duplicado en el primer trimestre de este año el aumento medio de la delincuencia en España, fijado en un 6%, al crecer un 12,8%: 'El índice de delincuencia en la Comunidad Valenciana está en las mismas magnitudes que en España y en Europa', dijo Zaplana, 'a pesar de que en España nosotros somos receptores de un número muy importante de inmigrantes.

El presidente acusó a los socialistas de buscar 'rédito electoral' con su posición en torno a la delincuencia y recordó que quienes obtienen ese provecho en Europa, en referencia a los recientes éxitos electorales de los grupos de extrema derecha en Francia y Holanda, son 'los que hacen lo mismo' que los socialistas valencianos, 'con la misma irresponsabilidad'. Sin embargo, eso no le impidió a Zaplana resaltar que el número de extranjeros detenidos en la Comunidad Valenciana ha crecido un 55%, un dato que contrapuso al del 4% en el caso de los ciudadanos españoles. Frente a estas cifras, Puig dijo que el 72% de los detenidos son nacionales y el 28% restante, extranjeros. El presidente contradijo a Puig y aseguró que se ha producido un aumento de efectivos policiales.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, defendió ayer la 'eficacia' de la policía y aseguró que la puesta en marcha de los juicios rápidos servirá para encauzar problemas como el de la multireincidencia, informa María Fabra. Camps mantuvo ayer la primera reunión oficial con el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y destacó que el incremento de la efectividad se demuestra en 'el descenso del número de delitos y la desarticulación de grupos organizados'.

Por otro lado, el pleno de ayer rechazó con los votos del PP la enmienda a la totalidad presentada por el PSPV al proyecto por el que se modifica la vigente ley de drogodependencias. Los socialistas pidieron la devolución del proyecto al Consell por considerarlo 'insuficiente' para hacer frente a la nueva realidad del consumo de alcohol y drogas en la Comunidad Valenciana, muy diferente de los hábitos que existían cuando en 1997 se aprobó la actual ley, que, además, según la diputada Nuria Espí, 'no se ha cumplido'. Espí calificó de 'antiguo' al consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, que defendió el proyecto, y le preguntó cómo va a hacer cumplir la prohibición del consumo de alcohol hasta los 18 años cuando 'no ha sido capaz' de hacerla cumplir con el límite actual, fijado en 16 años.

Blasco tachó de 'frivolidad' la enmienda de los socialistas, quienes, según afirmó, 'refuerzan' las políticas sociales del Consell con sus posiciones 'catastrofistas'. Ramon Cardona, de EU, dijo que la ley no da respuesta a los problemas reales, lamentó que el PP quiera imponer 'una ley seca por edades' y desveló que en cinco años sólo se han puesto cinco sanciones en toda la Comunidad Valenciana por vender alcohol a menores.