Trabajo detectó anomalías en junio en la fundación denunciada por fraude ante la Audiencia Nacional

El Ministerio de Trabajo requirió el pasado mes de junio a la Fundación Europea de Municipios y Regiones (FEMR) la devolución del local que le había cedido como sede. Con posteriordad, el pasado mes de febrero, el citado ministerio detectó nuevas irregularidades internas y resoluciones poco 'claras'. Genaro Molina, presidente de la FERM y concejal independiente de Puebla de Don Fadrique (Granada), contra quien se han querellado los directivos que él destituyó, calificó de 'invento' los 60 millones de euros que aseguran que ha defraudado.

El Ministerio de Trabajo cedió a la FERM el local donde tiene situada su sede social, en la plaza de José Zorrilla número 2 de Madrid, pero el pasado mes de junio requirió la devolución al detectar determinadas anomalías. La restitución del local aún no se ha producido. Con posterioridad, Trabajo suspendió los ceses de los miembros del patronato acordados por Genaro Molina al no quedar claro 'qué órgano de la asociación adoptó el acuerdo de cese y nombramiento de patronos, ni en qué fecha se efectuó, ni las causas de los ceses ni el grupo o razón por el que han sido desigmnados' los nuevos.

La renovación del patronato se acordó supuestamente en el mes de agosto de 2001. Genaro Molina puso en lugar de los directivos anteriores a familiares y personas afines. Los destituidos, en nombre de la FERM, presentaron con posterioridad la denuncia que se tramita en la Audiencia Nacional en la que acusan a Molina de un fraude multimillonario cometido contra una serie de ayuntamientos españoles a los que la fundación ofreció instalar centros de informática.

Molina dijo que destituyó a los directivos y, en concreto, al secretario, José Espinosa, porque 'era un chantajista y quería quedarse en parte con el dinero de los cibercentros'. 'Uno de los patronos es funcionario del Ministerio de Trabajo y logró que nos cediera el local. Cuando lo destituí quiso ejercer presiones', señaló Molina.

Según la versión del denunciado el supuesto fraude de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas) es un invento ya que sólo ha instalado uno de tales centros informáticos, en Tudela (Navarra) y en ningún caso ha pedido dinero de los ayuntamientos.

La denuncia ante la Audiencia Nacional relaciona una serie de municipios hipotéticamente defraudados. De ellos, el único más perjudicado en apariencia es el de Tudela (Navarra). Pedro González, teniente de alcalde de Tudela, confirmó ayer que su Ayuntamiento firmó un convenio con la FEMR para crear un cibercentro. El único requisito era la cesión de un local. Tudela invertió 186.313 euros en adecuar el salón pero los instrumentos técnicos que recibieron no se correspondían con los prometidos en el convenio. Por este motivo renunció al acuerdo.

'Queremos que se lleven los materiales que metieron allí y que nos dejen en paz. La fundación aseguró que tenían aportaciones económicas de empresas para proveer los materiales', señaló Pedro González.

El Ayuntamiento de Villena, en Alicante, también recibió una oferta para instalar un cibercentro e incluso el pleno municipal aceptó ceder un local. Sin embargo, la instalación no se ha producido. 'No nos pidieron contribución económica alguna. Sólo cedimos el local pero después no vino nadie por aquí', señaló un portavoz municipal, que añadió que con posterioridad conocieron los problemas internos surgidos en la fundación a loscuales achacaron el retraso.

LA FEMR también se puso en contacto con el Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), pero rechazó la oferta ya que sus rectores no vieron claras las intenciones que movían a la asociación. El Ayuntamiento sólo tenía, como en los casos anteriores, que poner el local. En Gáldar (Las Palmas) sí aceptaron la propuesta de la FEMR. Los medios locales aseguraron en su día que el pueblo se convertiría en el segundo del país en disponer con un 'cibercentro de servicios municipales por Internet'.

Un despacho de Efe fechado en Gáldar precisó entonces que el proyecto consistía en instalar 176 centros similares en España en los dos próximos años con una inversión de 45 millones de euros. Para ello la FEMR pretendía recurrir a subvenciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Los fondos con que la fundación montó el centro de Tudela y puso en marcha la campaña de captación de ayuntamientos procedían de la compañía Uni2. Para ello Molina creó el Instituto Central para la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. En el acta fundacional se cita como socio a Lince (Uni2) junto a France Telecom. Uni2 invirtió 510.000 euros y luego presentó una querella contra la FEMR en un juzgado de Madrid que se encuentra en tramitación y que ahora se pretende unir a la de la Audiencia Nacional.

Molina lamentó ayer que las querellas internas hayan echado por tierra uno 'de los mejores proyectos para la sociedad de la información'.