El cambio de usos del hospital militar de Sevilla obligaría a su expropiación

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla aprobó ayer, con la abstención del PP, estudiar la conveniencia de una modificación del planeamiento vigente para que el uso del hospital militar Vigil de Quiñones pase de privado a público. Según fuentes jurídicas consultadas, dicha decisión generaría al Ayuntamiento la obligación de adquirir ese suelo mediante expropiación y otorgaría al Ministerio de Defensa el derecho a una indemnización por el perjuicio sufrido en el valor de su patrimonio.

De llevarse a cabo la modificación -una iniciativa del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y cuya idoneidad estudiará ahora la oficina de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)-, el Ayuntamiento estaría obligado a expropiar el hospital militar en el momento en que Defensa se decidiese a desafectarlo y venderlo.

La calificación urbanística que ahora propone el alcalde fuerza a que los suelos sean de propiedad municipal, independientemente de que el Consistorio quiera luego ceder su uso, o incluso su titularidad, a otra administración pública. En la determinación del precio que habría que abonar a Defensa influiría que hubiera ofertas privadas por el hospital, lo cual encarecería, y mucho, la operación.

El delegado de Urbanismo, Rafael Carmona, eludió hablar de las intenciones que hay detrás de la propuesta municipal. Según el delegado, el único objetivo es que el hospital siga siendo público y 'parece razonable' que un equipamiento de estas características esté en suelo catalogado como público y no privado. 'Vamos a esperar las conclusiones del estudio', advirtió Carmona.

Si el informe es favorable al cambio, Urbanismo podrá optar por dos vías: enmarcar la modificación en el actual proceso de revisión del PGOU o plantear una modificación puntual sobre el plan vigente, de 1987.

Para el portavoz municipal del PP, Jaime Raynaud, la propuesta del alcalde es 'disparatada' y supone asumir desde el Ayuntamiento un trabajo que no quiere hacer la administración autonómica. 'Lo que hay que hacer es apelar al diálogo entre la Junta y el Gobierno, no ofrecerse a pagar una desafectación o expropiación', dijo.

Por otra parte, Carmona manifestó su intención de que las 40 familias que viven en el asentamiento chabolista de los Bermejales sean realojadas antes del próximo otoño 'en puntos dispersos de la ciudad'. La Gerencia acordó ayer contribuir con la Junta de Compensación al gasto de urbanización de los Bermejales Sur con la edificabilidad de una de sus parcelas en la zona; a cambio, el Ayuntamiento obtendrá la propiedad de viviendas de protección oficial en otras zonas para realojar a los chabolistas.