Funcionarios judiciales de Pamplona exigen cobrar el plus de peligrosidad

Los funcionarios de los juzgados de Instrucción de Pamplona (agentes, auxiliares y oficiales de justicia) han exigido que se les pague el plus de peligrosidad por terrorismo de 360 euros mensuales que el Ministerio de Justicia concede desde abril a todos los secretarios judiciales destinados en el País Vasco y Navarra, con independencia de su jurisdicción y localidad de destino, por la 'especial dificultad' que supone desarrollar su trabajo bajo la amenaza etarra. Estos profesionales han planteado su reclamación en un documento que han remitido al ministerio, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Superior navarro y el Gobierno foral.

Los profesionales afectados, unas 40 personas en los cuatro juzgados de Instrucción de la capital navarra, critican lo que consideran una habitual vulneración de los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues se ven forzados a estudiar expedientes y tomar declaraciones en solitario, en ausencia de los jueces, a denunciantes, denunciados, testigos 'e incluso en excesivas ocasiones' a imputados, con la consiguiente merma de las garantías jurídicas y procesales.

El documento de la Junta de Personal agrega que se requiere a los oficiales para que estén presentes en la entrada y registro de viviendas particulares y locales comerciales y empresariales durante operaciones policiales vinculadas a la lucha antiterrorista.

Todo ello, indican los funcionarios, se une a la 'imperiosa necesidad' de asumir responsabilidades y tomar decisiones que exceden sus atribuciones durante los turnos de guardia en jornadas de tarde, festividades o fines de semana, en las que, señalan, deben atender al público o practicar ciertas diligencias en ausencia de jueces y secretarios judiciales en los juzgados de guardia.

Responsables judiciales han minimizado la gravedad de las acusaciones, asegurando que el exceso de trabajo es general a todos los cuerpos profesionales y que, en algunos casos, se trata de prácticas comunes en todos los juzgados españoles. 'En las mesas de negociación nosotros defendimos la mejora de las medidas de seguridad para prevenir la acción terrorista', indica Miguel Ángel Martínez, de CCOO, presidente de la Junta de Personal, 'pero dado que el ministerio prefirió la vía económica, pedimos que no haya discriminación por un concepto que nos afecta y por el que ya son recompensados jueces, fiscales y secretarios'. Martínez ha reiterado el malestar existente en los juzgados, en los que se ha producido una 'desbandada' al haber solicitado muchos funcionarios un cambio de juzgado por su situación laboral y la 'discriminación' económica.

De momento, el único en responder a las demandas ha sido el presidente del Superior navarro, Rafael Ruiz de la Cuesta, quien ha dicho que 'ampara' las reivindicaciones de los afectados y ha prometido que se estudiarán en una próxima reunión de la Sala de Gobierno del tribunal.