Justos por pecadores

Se responsabiliza a la inmigración de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Las estadísticas varían: unos dicen que el 75% de los delitos lo comenten inmigrantes, mientras que otros elevan esta cifra hasta el 89,9%. Unas veces se aplican esos porcentajes al número de delitos, y en otras a las detenciones o a la población carcelaria. Alguien tiene que estar equivocado en este baile de cifras. No pueden confundirnos. En todo caso, no se debe ocultar esa información; si los inmigrantes cometen delitos debemos conocerlo todos; no podemos mirar hacia otro lado. Y los datos estadísticos parecen decirnos que la delincuencia está creciendo entre la población extranjera. Debemos tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia. La seguridad es una de las prioridades de cualquier Estado democrático.

Pero una cosa es el noble afán de velar por la seguridad y otra muy distinta es el criminalizar a un colectivo compuesto mayoritariamente por trabajadores. Persigamos a los delincuentes y erradiquemos las causas de la inseguridad, pero no castiguemos a cientos de miles de personas trabajadoras y honradas. Afirmar, con el desenfado que lo hacen algunos, que inmigración equivale a delincuencia es una grave irresponsabilidad, profundamente injusta además. Que existen algunos delincuentes entre los inmigrantes es seguro. Que nuestra sociedad debe protegerse nadie lo puede discutir. Que el tener una nacionalidad distinta no debe suponer ningún tipo de eximente es una obviedad. Pero: ¿Es la inmigración la responsable de la inseguridad? ¿Es moral que los responsables públicos asocien descaradamente inmigración con delincuencia? ¿No estaremos criminalizando injustamente a un colectivo muy diverso?

Es cierto que existen mafias de delincuencia, contra las que tenemos que luchar sin cuartel. Muchas de ellas no son de trabajadores, sino de organizaciones poderosas, como las de la Costa del Sol o Madrid, que entran con todos sus papeles en regla. Nos dicen que los inmigrantes ilegales son delincuentes. Es prácticamente imposible entrar legalmente en nuestro país. Casi el 90% de los inmigrantes regularizados en España entraron por vías no legales, dado que nunca hemos tenido una política inmigratoria que regulara los flujos migratorios. Hay que reducir al máximo la inmigración ilegal, pero para ello debe existir alguna vía legal de entrada, que se adecue más o menos a nuestra demanda social. Todavía hoy seguimos en esa misma dinámica. El INE estima que vendrán 260.000 nuevos inmigrantes este año, pero el cupo aprobado tan sólo asciende a 30.000, por lo que de nuevo tendremos una fuerte presión de entrada ilegal. Contra la inmigración ilegal no se lucha tan sólo con la policía, los centros de retención y las expulsiones. Tenemos que disponer de una política de regulación de flujos, acuerdos con los países emisores y de potentes políticas de ayuda al desarrollo, combinada con las acciones policiales y de fronteras. Si no lo hacemos, la presión inmigratoria seguirá creciendo.

En España vive una de las poblaciones inmigrantes más bajas de Europa. El número de residentes extranjeros se incrementará en nuestra sociedad indisociablemente unido a nuestro crecimiento económico; los necesitaremos. Tenemos que prepararnos, regulando vías legales de entrada, habilitando políticas de integración, e intentando educar a la población en valores de respeto. No parece que estemos haciendo nada de esto, sino más bien todo lo contrario. Todos los mensajes que recibe la población acerca de los inmigrantes son de carácter negativo. Llevamos varios años siendo sistemáticamente bombardeados con mensajes que incrementan el recelo de la población frente al que llaman el problema de la inmigración. Los sucesivos episodios son bien conocidos: efecto llamada, ablación, velo, mezquitas versus iglesias, lucha de civilizaciones, y ahora delincuencia. La población española está reaccionando con un profundo temor, que puede degenerar en rechazo, ante esta sistemática campaña. Nadie dice que cientos de miles de inmigrantes trabajan duramente y que pagan sus impuestos y su seguridad social. Todo eso no cuenta. Para muchos, la inmigración es exclusivamente un foco de conflictos.

Sin vías legales de entrada, sin políticas de integración, sin inversiones en infraestructuras educativas, sanitarias y de vivienda la marginalidad se incrementará entre la población trabajadora extranjera. Y la marginación siempre fue el caldo de cultivo ideal para la proliferación de delincuentes. La lucha contra la exclusión social es también luchar contra una de las causas de la inseguridad ciudadana.

Una sociedad democrática debe luchar con todos los medios legales a su alcance contra la delincuencia. La seguridad ciudadana es uno de los primeros deberes del Estado. No justifiquemos nuestro fracaso responsabilizando a los de siempre, a los más débiles, a los diferentes.

Manuel Pimentel, empresario, ha sido ministro de Trabajo.