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Columna
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Buen ambiente

Abrumado por los delitos contra el patrimonio, el fiscal jefe de Córdoba se ha sentido obligado a señalar en su memoria del año algún medio de defensa, social y particular, que, de aplicarse con rigor, reduciría el nivel delictivo. He prestado mucha atención a las palabras del fiscal: yo también tengo mi modesto patrimonio, y ¿qué puedo hacer para defender mis propiedades? Puedo, dice el fiscal, adoptar medios de defensa 'de carácter material' y de 'carácter personal'. Puedo, materialmente, poner alarmas a mi alrededor, puertas y cristales blindados, detectores de metales, cámaras; puedo comprarme una pistola (con licencia, por supuesto). Personalmente, puedo nombrarme a mí mismo guardián de mi casa o enrolarme en alguna patrulla de vecinos. Sería 'un acto expreso a favor de la defensa privada', destaca el fiscal, que termina recordando que 'el más importante de estos medios personales lo representan los vigilantes jurados'.

El patrimonio exige blindaje, y la categoría de un barrio, de una urbanización, de una casa, de un hombre, no viene señalada por un número de estrellas o tenedores, sino por el sistema de protección que utiliza: cerraduras, vallas, cámaras, alambradas, hombres. Cuanto mayor sea mi patrimonio, más personal será mi vigilancia y mayor mi blindaje privado. El fiscal de Córdoba sólo dice cosas aceptadas generalmente, y su 'elenco de medidas para mejorar la seguridad ciudadana' se resume en un principio fundamental: cada uno puede protegerse y armarse por su cuenta contra los ladrones. Este principio perpetúa una rica tradición cultural, cinematográfica (películas de Charles Bronson, John Wayne, Clint Eastwood), pero también se integra en nuestra más honda realidad histórica: no hace tanto que los propietarios se reunían a toque de campana para defender su hacienda y perseguir el bandolerismo a escopetazos.

Entonces, ¿por qué me suenan especialmente a plomo las palabras del fiscal? Porque entiendo que el fiscal es abogado del pueblo, defensor del interés público y, sin embargo, demuestra una científica y bien informada desconfianza en el Estado del que es funcionario. Parece que, para el fiscal de Córdoba, la legítima violencia estatal, pública, de la policía y la Guardia Civil, no basta para impedir la violencia de los delincuentes: la violencia de los cuerpos armados del Estado no consigue defender el patrimonio de los particulares, que deberíamos ir pidiendo licencia de armas o contratando a quien ya tenga pistola. Las ideas del fiscal son perfectas para el folleto publicitario de una agencia de seguridad privada, pero, enunciadas por un jerarca del Estado, son alarmantes.

No son ideas intempestivas: hay 11.500 presos en Andalucía y, según el PSOE, 'la criminalidad en España ha alcanzado la cifra más alta nunca antes conocida en nuestro país'. El PSOE lo dice para quitarle votos al PP gobernante, sin calcular que cuando los electores oyen estas consignas (vengan de donde vengan), corren a votar a la derecha, que tiene más prestigio de impiedad policial y carcelaria. El buen ambiente mundial del momento, belicoso, muy belicoso, parece reproducirse nación por nación y casa por casa.

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