El PP limita los juicios rápidos a los delitos de menos de 5 años de cárcel

El Partido Popular ha presentado una enmienda al proyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal elaborada por el Ministerio de Justicia, que dirige Ángel Acebes, a fin de limitar el ámbito de aplicación de los juicios rápidos a los delitos penados con menos de cinco años de cárcel, en lugar de los nueve años que figuraban en la propuesta inicial.

Esta iniciativa coincide con la pretensión de PSOE, CiU, PNV e IU, que ven 'excesivo' que los juicios rápidos se puedan aplicar a delitos penados con hasta 9 años de prisión. También se justifica por la conveniencia de mantener dentro de las reglas del procedimiento abreviado los hechos delictivos con 'graves consecuencias punitivas' penados con más de cinco años de prisión.

También podrán resolverse mediante juicios rápidos aquellos delitos con penas distintas a la de prisión cuya duración no exceda de 10 años, siempre que se trate de delitos flagrantes. Esta es una de las principales enmiendas del Grupo Popular a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.

El PP regula el método de anticipación de pruebas en el procedimiento abreviado para el caso de que éstas no puedan ser practicadas en el juicio oral. Presenta otras enmiendas, que regulan más claramente el papel del fiscal en el procedimiento como 'el actor más idóneo' para considerar qué actuaciones son precisas para sustentar la acusación que deberá defender en el acto del juicio oral.

Otra enmienda hace coincidir el plazo máximo de duración de las diligencias de instrucción con el período de tiempo al que se extienden los servicios de guardia de los diferentes órganos judiciales. Las propuestas del PP se refieren también a los delitos de violencia doméstica y faltas contra el patrimonio, para los que existe 'una mayor necesidad de celeridad', y para los que insisten en que la Policía Judicial concentre sus esfuerzos en 'lograr la práctica de la citación del denunciante, denunciado y testigos ante el juzgado de guardia'.

Para flexibilizar la estructura de los juzgados, el Grupo Popular propone que el Gobierno pueda establecer la separación entre los juzgados de primera instancia (civiles) y los juzgados de instrucción (penales) en determinados partidos judiciales.

Enmiendas del PSOE

El PSOE, que ha presentado 24 enmiendas parciales, centra buena parte de sus objeciones en el papel del Ministerio Fiscal y en los medios de que dispone para desarrollar su acción con eficacia y dentro de los plazos previstos por la ley. Para los socialistas, con la actual plantilla de fiscales es 'absolutamente imposible cumplir los plazos que se prevén', lo que, a su juicio, tendría como consecuencia 'la impunidad de un sinfin de delitos y prácticamente todos aquellos que actualmente son competencia de la Fiscalía Anticorrupción'. Izquierda Unida, que hace hincapié también en este aspecto, aboga además en sus enmiendas por que se garantice la presencia de los presuntos imputados en las diligencias de investigación que pueda realizar el fiscal.