Ruiz-Gallardón autoriza otros 180 chalés en una zona adyacente al monte Abantos

La Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a la construcción de 180 chalés en un grupo de tres fincas de 100.000 metros cuadrados ubicado en la falda del monte Abantos. Los terrenos gozaban hasta este momento de la calificación de suelo no urbanizable de protección ganadera. El futuro desarrollo ha acrecentado la polémica que generó el permiso concedido por el Gobierno regional para levantar 667 viviendas en el Prado de la Era, una finca también adyacente al Abantos y sobre la que pesaba la prohibición de construir desde el devastador incendio que sufrió el pico en agosto de 1999.

El Ayuntamiento de San Lorenzo tiene previsto un pleno extraordinario para aprobar mañana la modificación puntual de un terreno formado por tres fincas, lo que permitirá edificar en ellas 180 chalés. Diversos colectivos vecinales y sociales de San Lorenzo de El Escorial consideran inadmisible esta recalificación y ya han anunciado que están dispuestos a emprender movilizaciones para que el alcalde, José Luis Fernández-Quejo del Pozo, del PP, reconsidere la política urbanística que impera en el pueblo. El Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, al contar con 10 de los 17 ediles que forman el Consistorio.

La recalificación de la parcela, sita en los parajes conocidos como el Alto del Machucho y El Lobo Rabón, arranca de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (propietario de 5.340 metros en el Alto del Machucho) y los propietarios de otras dos fincas, hasta entonces consideradas como no urbanizables de protección ganadera. El acuerdo, que permitiría convertir el terreno en edificable, fue firmado el 30 de mayo del 2001.

Fernández-Quejo considera la operación urbanística impecable. 'Calificando estas fincas, los dueños nos ceden 10.000 metros cuadrados para edificar una residencia de ancianos', explica el regidor. 'Y esto es una victoria para nuestro pueblo, porque generará alrededor de 100 puestos de trabajo', afirma el alcalde. Fernández-Quejo explica que 'no existía terreno municipal y, tras diversos estudios, se llegó a la conclusión de que ésta era la mejor solución'. La residencia será cedida a la Consejería de Servicios Sociales.

Un pico cercado

Pero los vecinos y la oposición socialista se quejan y temen que esto cerque un poco más el monte. Justifican sus temores en que, junto con el geriátrico, llega la urbanización de un entorno de gran valor medioambiental, ubicado en las cercanías del pico Abantos, que se quemó en el año 1999. El proyecto prevé, además de la residencia, la construcción de 180 chalés familiares, un equipamiento educacional, un parque deportivo (con pistas de tenis, balonmano, baloncesto y voleibol), un edificio con equipamiento social y un aparcamiento en superficie.

El convenio fue ratificado inicialmente por el pleno municipal de junio de 2001, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE. Una vez obtenido el visto bueno municipal, se abrió el periodo de información pública, en el que se formuló una sola alegación.

Sin embargo, el convenio chocó con los informes negativos de los servicios técnicos de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Territorial de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. De esta forma, la comisión de Urbanismo acordó aplazar la aprobación de la modificación puntual de las normas subsidiarias de la localidad, en sesión del 19 de diciembre de 2001, hasta que el Ayuntamiento subsanara las deficiencias señaladas en los informes.

Entre los errores observados por Urbanismo aparecía la no inclusión del preceptivo informe de la Dirección General de Calidad y Evaluación Medioambiental, encabezada por Ignacio López-Galiacho Perona. Este estudio medioambiental fue finalmente emitido con fecha de 16 de enero de 2002. En él se recuerda que el 'presente ámbito se encuentra enclavado en una de las zonas más sensibles de la Comunidad de Madrid por sus reconocidos valores ambientales y paisajísticos'. Por este motivo, el informe obliga a que el cauce del arroyo y la parte de máxima pendiente se incluyan como zona verde de protección del monte Abantos. En este sector no se permitirá ningún uso o actividad. Asimismo, obliga al Ayuntamiento a dejar una franja de anchura mínima de 25 metros, colindante con el monte, y un camino de cinco metros, libre de árboles, junto a la zona que se vaya a urbanizar.

Por su parte, los servicios técnicos observan, entre otras anomalías, que la parcela destinada al parque deportivo tiene una inclinación del 30%, por lo que 'difícilmente' podrán ubicarse 'holgadamente una pista de balonmano, dos de baloncesto, una de voleibol y dos de tenis', como incluye el proyecto. La pendiente del suelo también dificulta la construcción del equipamiento social previsto, y se recuerda al Ayuntamiento de San Lorenzo que una pendiente del 22% 'no parece la más indicada para el fin previsto'.

El informe técnico considera que el criterio utilizado de construcción hace necesario importantes transformaciones del suelo y en zonas de gran visualización que impactan en el conjunto paisajístico.

De esta forma, el Ayuntamiento se encontró con el expediente devuelto y encima de la mesa. Pero la espera no fue larga, y el pasado 22 de enero la Comunidad decidió aprobar de forma definitiva la modificación puntual que permite desarrollar la Unidad de Ejecución denominada Norte de la calle Pozas.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó la aprobación definitiva el pasado 4 de abril. En el acuerdo definitivo se establece que el viario será público y el número máximo de viviendas será de 180. Además, el Ayuntamiento de San Lorenzo tendrá que redactar un texto refundido que unifique la documentación aportada, el cual deberá remitirse a la Comunidad en el plazo de seis meses.