De la cláusula de 'obligado cumplimiento' a la amenaza de ruptura

Una hora y media antes de cerrarse el acuerdo sobre la Ley de Partidos Políticos (martes 14 de mayo, a las ocho de la tarde), los socialistas amenazaron con romper las negociaciones. El PSOE defendió desde el principio que la única institución legitimada para instar la ilegalización de un partido fuese el Ministerio Fiscal. Aunque fue cediendo a distintas alternativas, no aceptaban la propuesta que permitía a las cámaras aprobar una propuesta de obligado cumplimiento para que el Gobierno iniciara el proceso de disolución de una formación, según cuentan los populares. Para el Gobierno era 'irrenunciable' la iniciativa directa de los parlamentarios por su 'legitimidad' como representantes del pueblo, siguiendo el modelo de los recursos de inconstitucionalidad. En esta discrepancia embarrancaron las negociaciones y a punto estuvieron de dar al traste con el acuerdo.

Acebes: 'En esta negociación, la única que ha salido derrotada ha sido ETA'

El pasado domingo, al final de la tarde, se encontraron en el Ministerio de Justicia el secretario de Estado, José María Michavila y el subsecretario, Ignacio Astarloa, con los diputados socialistas Juan Fernando López Aguilar y Diego López Garrido, catedráticos y expertos constitucionalistas. Intercambiaron papeles y negociaron hasta la madrugada.

En la mañana del lunes se produjeron varios escarceos relevantes. En la sede central del PP, EL ministro de Justicia, Ángel Acebes, secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, y el secretario general del partido, Javier Arenas, ofrecieron una salida que pasaba por mantener la 'legitimación del Parlamento en este proceso': el Congreso y el Senado elevarían una propuesta al Gobierno para que iniciara la ilegalización. La propuesta de las Cortes, según el PP, debía ser 'vinculante' y de obligado cumplimiento para el Gobierno.

En el PP recuerdan que tras ofrecer al PSOE esta alambicada solución mixta, los socialistas pasaron por una primera fase, en la mañana del martes, en la que aceptaron. Pero por la tarde, a las 18.30, cuando la expectación ya era máxima ante el final del plazo parlamentario para presentar enmiendas, el PSOE se puso en contacto con el Gobierno para amenazar con su retirada si los populares insistían en que la propuesta del Parlamento fuera de 'obligado' cumplimiento para el Gobierno, con lo que de hecho se legitimaba a los diputados para promover la ilegalización de Batasuna, aunque fuera de manera indirecta. El presidente José María Aznar no quiso ceder más. El órdago socialista, según el PP, no tuvo efecto.

Al final, PP y PSOE, con la incorporación de CiU y Coalición Canaria, destensaron la cuerda, asumieron que el proyecto estaba mejorado y ahora se disponen a debatir y aprobar en el Congreso cuanto antes una ley para que Batasuna no pueda presentarse, con ése u otro nombre, a las próximas elecciones municipales.

'Aquí, en esta negociación entre los partidos democráticos, no ha habido ni vencedores ni vencidos porque la única que ha salido derrotada ha sido ETA'. Esta declaración de buenas intenciones de Acebes, poco después de sellar el pacto para reformar la Ley de Partidos Políticos que persigue ilegalizar a Batasuna, escondía la tópica justificación ante los electores de los dirigentes del PP y del PSOE cuando alcanzan un gran acuerdo de Estado. El Gobierno mantiene que tras dos meses de negociaciones y dos intensos días finales de mercadeo de matices ha conseguido más cesiones de los socialistas de las que esperaba.

El PSOE apreció defectos políticos y jurídicos en el proyecto cuando leyó el texto que les facilitó el Gobierno hace más de un mes. La mayoría de aquellas sugerencias, que el PP y el propio Aznar despreciaron primero como 'excusas' del PSOE para 'arrugarse', han sido finalmente admitidas: se ha resuelto el problema de la posible inconstitucionalidad de los efectos retroactivos de un texto impreciso; se han aclarado las causas para la disolución de un partido evitando las peligrosas generalidades y, finalmente, se ha optado por una fórmula indirecta para que los diputados promuevan la ilegalización de un partido.