El impulsor del derribo del Teatro Romano tiene despacho en las Cortes como asesor de la presidenta

El abogado que impulsó el litigio contra la restauración del Teatro Romano de Sagunto diseñada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, el ex diputado del PP Juan Marco Molines, realiza labores de asesoramiento a la presidenta de las Cortes Valencianas, Marcela Miró, también del PP. Por ello cuenta con un despacho en el Parlamento y cobra más de 30.000 euros (cinco millones de pesetas) al año, además de mantener abierto un despacho privado de abogado. En su etapa de diputado, Marco Molines se significó por su feroz crítica a la intervención de Grassi y Portaceli, en ocasiones acompañado por la ex diputada Carmina Nácher, ahora subsecretaria de la Consejería de Cultura, quien anunció el derribo el pasado lunes en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ratificada por el Supremo.

Molines fue denunciado por apropiación indebida del depósito de unos clientes, dos personas mayores, y condenado en primera instancia. El recurso posterior concluyó con la absolución por parte de la Audiencia de Valencia que entendió que no había habido mala fe.

La polémica por el futuro derribo del teatro sigue protagonizando la escena política. Ayer, la secretaria de Cultura de la ejecutiva del PSPV, Isabel Escudero, anunció que el partido organizará una recogida de firmas contra la demolición. El portavoz parlamentario de Cultura del PP, David Sierra, respondió que el PSPV no tiene ni idea de lo que es el Estado de Derecho.

CC OO del Camp de Morvedre, por su parte, lamentó el derribo, criticó el gasto en un momento en que el patrimonio saguntino está necesitado de ayudas y el freno que supondrá para la vida económica de la ciudad.