La Cámara discutirá sobre tributos 'verdes' a ocho sectores, incluido el turismo

El grupo de trabajo creado en el Parlamento para analizar la posibilidad de aplicar impuestos a actividades económicas por su impacto negativo en el medio ambiente ya ha elaborado su primer dictamen. En este informe, que fue explicado ayer por Inmaculada Gálvez, diputada de Los Verdes adscrita al grupo socialista, se apuesta por instar a la Junta de Andalucía a que elabore una Ley General de Fiscalidad Ecológica que incluya exenciones fiscales y deducciones para aquellas actividades que contribuyan a la conservación o reparación del medio natural y establezca también 'impuestos, tasas o contribuciones especiales' a aquellos sectores productivos que se signifiquen por justo lo contrario. El dictamen apunta ocho áreas en las que implantar esos tributos verdes: consumo de agua, emisiones contaminantes a la atmósfera, producción de energía no renovable, residuos, transporte, ocupación de suelo por industrias extractivas (minas y canteras), abonos y fertilizantes químicos y, claro está, turismo.

La polémica sobre la posibilidad de implantar una ecotasa a los turistas, similar a la de Baleares, provocó la creación del grupo de trabajo en el Parlamento. Este primer dictamen tendrá que ser refrendado en comisión parlamentaria el próximo día 29 antes de pasar a su debate en el pleno, pero cuenta ya con el respaldo del PSOE (la fiscalidad ecológica estaba incluido en su acuerdo electoral con Los Verdes), IU y Grupo Mixto. Gálvez explicó que en el dictamen se descarta la opción de copiar la ecotasa balear (que grava con un euro a los turistas que se hospedan en establecimientos hoteleros) porque en el caso andaluz tiene mucha más importancia el turismo interior. En todo caso, el informe sí apuesta porque el turismo sea gravado con otras figuras por el impacto medioambiental de algunas de sus manifestaciones (puertos deportivos, segundas residencias, campos de golf, construcciones en el litoral).

Rechazo del PA

El dictamen no establece concretamente que figura tributaria se debería aplicar en cada caso (es una decisión que se deja a la Junta) pero sí admite las dificultades con las que puede encontrarse el Ejecutivo autonómico para crear nuevos impuestos que no choquen con competencias estatales. De ahí, que plateen que el Parlamento reclame al Gobierno central que modifique la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y que amplíe también la potestad de los Ayuntamientos para establecer tributos verdes, que en todos los casos tendrán por finalidad financiar políticas medioambientales.

Si el dictamen ya tiene asegurado el respaldo de socialistas, IU y Grupo Mixto, también parece tener reservado el rechazo del PP y PA, socio de gobierno de los socialistas y titular de la Consejería de Turismo. 'No vamos a tolerar una fiscalidad ecológica que grave el sector más dinámico de la economía andaluza', explicó el representante andalucista, Ildefonso Dell' Olmo.