El Ayuntamiento donostiarra se resiste a cumplir una sentencia que le obliga a tirar una fachada de La Concha

El Ayuntamiento de San Sebastián ha rechazado una propuesta de acuerdo lanzada por el abogado Javier Olaverri para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reposición de la fachada original del edificio situado en el número 19 de la calle Hernani de San Sebastián, frente a la bahía de La Concha. Olaverri calcula en unos 300.000 euros el coste del derribo y posterior construcción de la fachada, como obliga el juez, y propone entregar esa cantidad a ONG o asociaciones no lucrativas que actúan en el ámbito de la capital guipuzcoana para reparar 'el daño ocasionado por el Ayuntamiento a la ciudadanía y a la legalidad'.

El máximo tribunal anuló en una sentencia reciente la licencia municipal concedida en 1993 a la empresa Sodepro Inmobiliaria para el derribo y la rehabilitación del inmueble de la calle Hernani, enclavado en la denominada área romántica de la ciudad y sujeto a un plan especial de protección urbanística y arquitectónica. Por este motivo el abogado Javier Olaverri, que ocupaba el cargo de concejal de Euskadiko Ezkerra (EE) cuando se concedió la licencia de rehabilitación del edificio, inició acciones judiciales contra ese acuerdo ejerciendo la acusación popular.

El fallo judicial declaró nula en diciembre pasado la concesión del permiso municipal porque representa 'una clara infracción de la ordenanza del Plan Especial de Área Romántica' y exigió 'reponer la fachada' manteniendo su aspecto original. La sentencia también obliga al Ayuntamiento a abrir un expediente sancionador para depurar las responsabilidades de quienes intervinieron en la concesión de la licencia. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han presentado un 'incidente de ejecución' al considerar que 'es imposible ejecutar la sentencia' en los términos exactos que establece la sentencia. Por el contrario, Olaverri explica que la ejecución del mandato judicial es posible, aunque reconoce que generaría serios trastornos a los actuales ocupantes de las viviendas.

Por ello, el abogado, con la aprobación de todos los propietarios del inmueble, quiere que los 300.000 euros de la reparación se entreguen 'a una asociación civil de carácter no lucrativo que actúa en el ámbito social o cultural de San Sebastián'.