El cambio educativo

El anteproyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza, presentado el viernes al Consejo de Ministros por Pilar del Castillo, desarrolla sin cambios sustantivos las líneas expuestas con anterioridad por la ministra. Uno de sus puntos más notables es el establecimiento de una reválida, o prueba general de bachillerato, necesaria para obtener el título de bachiller y cursar estudios universitarios. Pocos niegan la conveniencia de que exista una prueba homologada y general al finalizar la enseñanza secundaria, papel que jugaba anteriormente la selectividad, pero la reválida no la sustituye, sino que se añade a las pruebas de acceso, que seguirán existiendo en buena parte de los centros universitarios; una superposición de difícil encaje.

Otro de los aspectos más criticados del texto -que, tras ser enviado a las comunidades autónomas y al Consejo Escolar del Estado, habrá de volver al Gobierno para su aprobación y posterior debate en el Parlamento- es la definición de dos itinerarios en tercero de la ESO, uno de ellos de carácter técnico-profesional y otro científico-humanístico, subdividido este último en otros dos al curso siguiente, más un cuarto itinerario que se abre a partir de los 15 años para quienes no quieran o puedan seguir ninguno de los anteriores, en particular los que tengan dificultades de adaptación en razón del lenguaje o de otras causas. Esta separación temprana de los estudiantes en grupos independientes, con contenidos y exigencias distintas, contribuirá a la segregación social no sólo entre alumnos, sino también entre centros de enseñanza. E incidirá en la devaluación de la formación profesional, al asociarse inevitablemente a quienes no son capaces de seguir las otras alternativas.

Pero, seguramente, la mayor novedad en esta etapa de tramitación de la ley es el tratamiento de la asignatura de religión, cuya nota entrará en el cómputo de la media como el resto de las asignaturas y tendrá obligatoriamente una contrapartida no confesional, también computable; aunque, por el momento, no podrá formar parte de las asignaturas cuya no superación implica la repetición del curso, tal y como se sugería hasta el mismo día de la presentación en Consejo de Ministros.

La religión, sin embargo, no puede ser una asignatura más, cuya nota sea comparable a las otras, porque su contenido es confesional, su programa no está definido por las autoridades educativas, como ocurre en las demás, y los profesores no son seleccionados por los procedimientos aplicables a los otros profesores. Programa y profesorado quedan bajo la exclusiva responsabilidad del obispado correspondiente.

La única solución coherente con un Estado no confesional, como es el caso de España, es que la doctrina católica (o de otras confesiones) sea impartida fuera del horario escolar, con carácter voluntario y sin contrapartidas para quienes no quieran cursarla. Pero la Iglesia combate esta solución porque considera que puede suponer una ventaja para quienes no quieran seguirla y ha impuesto un precio o 'castigo' a los díscolos: deben seguir otra clase a cambio de no asistir a la de religión; y si la nota de ésta cuenta en el expediente, la clase alternativa debe ser también evaluable y contar.

Con frecuencia se dice que una clase de ética y valores democráticos o cívicos sería de interés como alternativa. Sería de gran interés, en efecto, pero no como alternativa, sino para todos los alumnos, sean católicos o no. Lo mismo puede decirse de una historia de las religiones, que ayudaría a mejor comprender la historia y el arte en general y también algunas claves de los conflictos actuales. En ambos casos, la asignatura tendría que ser para todos, tener unos contenidos aprobados por la autoridad educativa, sea ésta central o autonómica, y ser explicada por profesores seleccionados de acuerdo con los criterios en vigor. Una solución del tipo de la propuesta en el proyecto de ley, bajo el eufemismo de 'área o asignatura' de Sociedad, Cultura y Religión, no es más que un modo de incorporar la catequesis a la escuela pública y poner dificultades a quienes no deseen seguirla. En otras palabras, utilizar el poder del Estado para favorecer a una confesión religiosa.