El Parlamento apoya la denuncia del Ararteko contra el alcalde de Pasaia

El Parlamento respaldó ayer la denuncia presentada por la ararteko en funciones, Mertxe Agúndez, contra el alcalde de Pasaia, Juan Carlos Alduntzin, de Batasuna, por negarse a colaborar con la institución al devolver todas sus peticiones de información para resolver quejas formuladas por los ciudadanos contra actuaciones de la corporación que preside. Alduntzin justifica su actuación porque el Defensor del Pueblo vasco incluye en sus cartas y documentos el lema ETA No sin hacer referencias a otras 'vulneraciones de derechos', lo que a su juicio demuestra una 'falta de neutralidad política'. Es la primera vez, en sus 12 años de existencia, que la institución del Ararteko traslada a la fiscalía una conducta así.

Agúndez compareció ante la comisión de Derechos Humanos para explicar a los parlamentarios los aspectos más importantes de su informe correspondiente al año 2001. La titular del Ararteko, quien dedicó la mayor parte del tiempo a explicar la denuncia contra el alcalde, no tuvo que responder a Batasuna, que había solicitado expresamente su comparecencia para que respondiera sobre esta cuestión. El portavoz de esta formación, Antton Morcillo, no pudo preguntar por el asunto debido a que a la misma hora estaba interviniendo en la Comisión de Trabajo. El resto de partidos respaldó la actuación de la ararteko.

Agúndez recordó que en mayo de 2001 el alcalde emitió una orden en la que resolvía devolver a la oficina del Ararteko todos los escritos que incorporasen el lema contra ETA. 'El compartir o no la inclusión del lema de ninguna manera puede justificar el incumplimiento de la legalidad', señaló Agúndez, quien añadió que la institución que dirige no puede ser neutral en la defensa del derecho a la vida, la libertad y a la seguridad.

El PP y el PSE le felicitaron por incluir el lema contra ETA en sus documentos, mientras que el PNV consideró que cualquier 'falta de colaboración' con el Ararteko supone una 'desconsideración' hacia los propios ciudadanos, al no poder resolver sus quejas contra la Administración.