La fuerza de la lógica

El acuerdo de las dos plataformas de televisión de pago, Canal Satélite Digital, del Grupo Sogecable, y Vía Digital, de Telefónica, supone el triunfo de la lógica económica y empresarial sobre el modelo intervencionista que quiso imponer el Gobierno de Aznar. Nadie puede obligar a una empresa privada a perder indefinidamente miles de millones. Por ello es de resaltar la decisión del presidente de Telefónica, César Alierta, de anteponer los derechos de los accionistas a cualquier interés político exterior a la compañía misma.

La evidencia ha demostrado la inviabilidad del modelo teórico del Gobierno para las televisiones digitales. De las tres principales ofertas previstas en la pizarra, una, Quiero TV, está en liquidación; y las otras dos, que ahora se fusionan, venían soportando importantes pérdidas, sobre todo la que lidera Telefónica. Cabían dos opciones: que una de las dos empresas quebrase, de forma que la superviviente se quedase con todo el mercado, o unir los esfuerzos de ambas. La segunda opción era la más racional: evita situaciones traumáticas y permite defender mejor los derechos de los abonados.

Los problemas de la televisión digital no afectan sólo a España. En Alemania y el Reino Unido han suspendido pagos el grupo Kirch y la compañía ITV, respectivamente; en Italia se han fusionado Telepiú y Stream, en una operación pendiente de aprobación por la Comisión Europea. Las dos plataformas españolas han reaccionado a tiempo y por eso sorprende la reacción sumaria del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos: 'Si los monopolios públicos son rechazables, los monopolios privados son insufribles'. Fue el propio Cascos quien, en enero de 1997, indicó que 'el mercado audiovisual español aconseja el desarrollo de una plataforma única', aunque sin duda debía referirse a la que él patrocinaba desde el Gobierno. El modelo de crear un marco artificial de competencia sobre la base de mantener en pérdidas a las empresas es una fantasía inviable. Y así lo han entendido los inversores, que ayer saludaron el anuncio de fusión con una fuerte revalorización en Bolsa.

La apelación de Cascos al monopolio es, por tanto, mera retórica. La fusión deja a una sola empresa en el mercado de televisión de pago, pero no existe monopolio de iure, puesto que no está limitada la concurrencia. Nada impide que otra empresa invierta para ofrecer nuevos contenidos. El mercado televisivo tampoco es un espacio cerrado; las ofertas por satélite fluyen libremente. El pluralismo de la oferta es el bien mayor que debe protegerse en la operación y no puede argumentarse que la fusión reduce ese pluralismo cuando los hogares españoles reciben diariamente multitud de ofertas de televisión por satélite, dos cadenas públicas, varias autonómicas y locales y otras dos privadas, además de los numerosos canales de cable, cuando las propias plataformas ofrecen programaciones diferentes y plurales, imposibles de identificar con una única posición ideológica.

Las autoridades de competencia, en España y en Europa, deben examinar la operación hasta el mínimo detalle; y deberían ser las autoridades europeas quienes establecieran las condiciones en las que la fusión es compatible con la transparencia del mercado y el respeto al derecho de los abonados. El acuerdo, en definitiva, si es bien instrumentado, irá en beneficio de todos, incluido el pluralismo de la oferta.