Anna Birulés se inhibe sobre el cierre administrativo de Quiero TV
Aznar decide que Administraciones Públicas resuelva el caso
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El Ministerio de Ciencia y Tecnología va a lavarse la manos en el espinoso asunto del cierre de Quiero TV. Anna Birulés, titular del departamento, ha pedido a José María Aznar inhibirse en la resolución del contrato y la devolución de avales que ha solicitado la cadena, alegando que ocupó un alto cargo en Retevisión, accionista de Quiero TV. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, asumirá el caso.
El cierre de Quiero TV se complica aún más. A las tensiones entre los socios se une ahora el conflicto de competencias desatado por la decisión de Anna Birulés de inhibirse en el caso. La ministra de Ciencia y Tecnología pidió personalmente al presidente del Gobierno que le permitiera desvincularse del asunto, dejando en manos de otro departamento la resolución del expediente.
La inhibición de la ministra se produce una vez que la junta de accionistas de Quiero TV acordara el pasado 25 de abril la liquidación ordenada del canal de televisión digital terrestre, la devolución de la licencia y la petición de la resolución del contrato de concesión otorgados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología el 14 de octubre de 1999.
Precisamente, la ministra alega para inhibirse del caso que ocupó el cargo de directora general de Retevisión -actualmente Auna, accionista principal de Quiero TV- desde octubre de 1997 hasta abril de 2000, cuando se incorporó al Gobierno, con lo que se considera 'incursa' en una de las causas de incompatibilidad previstas en la ley.
Fuentes del sector destacaron ayer que la decisión de Birulés refuerza las tesis de la necesaria remodelación de este ministerio, vaciado de competencias desde el mismo momento de su creación, tanto en materia de telecomunicaciones como de medios de comunicación.
Devolución de avales
Aznar ha decidido que el caso sea ahora retomado por el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, tras descartar al titular de Presidencia, Juan José Lucas, que también se había barajado. Además de la resolución del contrato, Posada deberá decidir si corresponde la devolución de los 34 millones de euros que depositó Quiero TV como garantía de sus compromisos.
La autorización administrativa de cierre es vital para Quiero TV. Hasta que no cuente con la misma deberá cumplir los contratos publicitarios y emitir para sus 94.000 abonados, lo que le ocasiona unas pérdidas de más de 20 millones de euros mensuales. Sin ese trámite tampoco podrá cerrar los acuerdos con proveedores y personal.
No obstante, una vez resuelta esta liquidación, será el Ministerio de Ciencia y Tecnología el que decida sobre el destino de las frecuencias que deja libres Quiero TV. Podrá optar por sacarlas a concurso o repartirlas proporcionalmente entre las cadenas actuales, opción ésta que tiene más posibilidades.
Por otra parte, el grupo Auna prevé cerrar este ejercicio con unas pérdidas netas de 429 millones, un 41% inferiores a las del pasado año, y estima que su entrada en beneficios se producirá en el ejercicio 2004, según anunció ayer el presidente del grupo, Luis Alberto Salazar-Simpson.
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