La ley de igualdad eleva un 10% la subvención a los escaños ocupados por diputadas

El pleno del Consell analizó ayer el borrador del proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres que establece medidas encaminadas a garantizar la plena integración de la mujer en todas las esferas de la vida pública, laboral y social. La norma incluye aspectos de discriminación positiva dirigidos a fomentar la participación de la mujer en la política, como una prima del 50% del tiempo previsto en los espacios electorales de publicidad gratuita a través de medios públicos a los partidos políticos cuyas candidaturas sean equilibradas. También fija un aumento del 10% de la subvención electoral para los escaños ocupados por mujeres.

El proyecto de ley, elaborado por la Consejería de Bienestar Social de acuerdo con el Consejo Valenciano de la Mujer, tiene vocación de ser la primera norma de tales características aprobada en España, aunque otras comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares o Castilla La Mancha, todas ellas con gobiernos socialistas, han anunciado proyectos parecidos. Leyes similares vigentes en países como Francia, Italia o los países nórdicos sólo recogen cuestiones de índole laboral.

Guarderías

La ley, pendiente del preceptivo informe del Consejo Jurídico Consultivo, incide en la conciliación de la vida laboral y familiar a través del impulso al establecimiento de servicios de guardería en las empresas para los trabajadores con hijos menores de tres años; fomenta la flexibilidad de horarios; favorece el acceso de la mujer a su primer empleo o la contratación de mujeres mayores de 45 años; o proporciona a la inspección de trabajo instrumentos para garantizar la igualdad salarial.

En materia de violencia de género, la ley ofrece acceso preferente a viviendas sociales para las mujeres víctimas de malos tratos o para la percepción de ayudas para el alquiler. También prevé un organismo que supervise el cumplimiento de la ley y una apuesta por las prácticas igualitarias en el seno de la Administración Pública.

El Consell aprobó definitivamente el proyecto de ley del creación del consejo valenciano de universidades y de la comisión valenciana de acreditación y evaluación de la calidad del sistema universitario, una norma derivada del desarrollo autónomico de la Ley Orgánica de Universidad aprobada el pasado mes de junio.

También dio curso al proyecto de ley de protección contra la contaminación acústica que incorpora las últimas directivas de la Unión Europea y que ofrece cobertura legal a las medidas de control que tendrán que desarrollar las corporaciones locales.

Como medida para paliar los efectos del veto estadounidense a la importación de cítricos valencianos, el Consell aprobó un convenio con Intercitrus para subvencionar con 277.000 euros la publicidad que permita ganar nuevos mercados.