El PSOE denuncia irregularidades en el gasto farmaceútico de las residencias
La residencia de Manoteras acaparó el 57% de las compras farmacéuticas oficiales
El PSOE madrileño pidió el mes pasado la comparecencia en la Asamblea regional de la directora general del Mayor, Marisa Muñoz-Caballero, para exigirle explicaciones sobre varias supuestas irregularidades en el gasto farmacéutico de las 25 residencias de ancianos gestionadas por la Comunidad de Madrid. En los últimos cinco años, la Consejería de Servicios Sociales, de la que dependen las residencias, pagó 552.000 euros (92 millones de pesetas) por productos no sufragados por la Seguridad Social. Entre 1997 y 2000, sólo tres farmacias se repartieron el suministro de esos productos a la residencia de Manoteras, que acaparó el 57% del gasto total.
'Existen muchos puntos oscuros'. Con estas palabras expresaba el diputado socialista Óscar Monterrubio las dudas de su grupo sobre la gestión del gasto farmacéutico en las residencias de ancianos gestionadas por la Comunidad de Madrid.
Un centro, el de Manoteras, que copa el 57% del gasto, convenios sin aplicar y farmacias que se embolsan cifras millonarias por sus servicios son algunos de los componentes de una denuncia que llevó a la comparecencia, el pasado 4 de abril, de la directora general del Mayor, Marisa Muñoz-Caballero, ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid.
Las residencias de ancianos pueden llegar a ser un suculento bocado para las farmacias, que les suministran, por un lado, los medicamentos que los facultativos recetan a los pacientes y que las farmacias cobran a la Seguridad Social, y por otro, ciertos productos como sueros, sondas, guantes de vinilo o vendas, que paga la Comunidad con factura. Entre 1997 y 2001, Servicios Sociales gastó 552.000 euros (92 millones de pesetas) por ese segundo tipo de medicamentos.
La queja principal del PSOE en relación con el control del gasto, no sólo de la Comunidad, sino también de la Seguridad Social, es la que se refiere a la no aplicación de un convenio firmado en 1995 entre la Comunidad y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Este acuerdo establecía que las farmacias de la zona próxima a cada residencia establecieran turnos de un mes para suministrar los medicamentos con receta prescritos a los ancianos.
El convenio, según la directora del Mayor, se aplicó inmediatamente a las residencias de la Comunidad, pero debía haberse aplicado también a las residencias del Inserso (bajo control estatal) a partir de 1996, cuando su gestión pasó al Gobierno regional. Eso no ocurrió, sin embargo y según confirma Muñoz-Caballero, hasta el año 2000.
Recurso
¿Cuál fue el el motivo? La interposición en 1997 de un recurso ante el Servicio de Defensa de la Competencia por parte de un farmacéutico del barrio del Pilar, cuya principal fuente de ingresos era la residencia de Manoteras (antes de 1996, del Inserso) y situada en una zona distinta a la suya, por lo que ya no podría prestarle servicio. 'Yo he trabajado con esa residencia durante 18 años y me pedían las medicinas por una cuestión de confianza', explicó el farmacéutico, César M.
Según Muñoz-Caballero, el acuerdo no se aplicó como medida preventiva y en espera de la resolución del recurso. 'Pero en la construcción del metrosur, muchas empresas recurrieron también y nadie paralizó la construcción', recordó Óscar Monterrubio, ponente socialista en la comparecencia. El convenio se aplicó finalmente en marzo de 2000, cuando el Servicio de Defensa de la Competencia sobreseyó la denuncia.
Pero el acuerdo sólo preveía la rotación de las farmacias para el suministro de los medicamentos recetados, no de las vendas o sueros. Entre los años 1997 y 2000, la farmacia del barrio del Pilar cobró 180.000 de los 252.000 euros que gastó la Comunidad en productos farmacéuticos (no recetados) para la residencia de Manoteras. 'Esos productos no tienen precio tasado: quizá simplemente yo ofrecía mejores precios', alegó César M.
En su mismo caso estaban dos farmacias más, una situada en la zona de Acacias, y que cobró 18.000 euros (tres millones de pesetas) en dos años, y otra de Villa del Prado, a unos 50 kilómetros del centro de Manoteras, que cobró la misma cantidad en el mismo periodo. Entre 1997 y el año 2000 fueron las tres únicas farmacias en suministrar estos productos no recetados a la residencia de Manoteras, según explicó en la comparecencia del 4 de abril el diputado socialista. 'Esos productos a veces se piden a laboratorios directamente, pero los suministran a través de las farmacias. Eso no está regulado por el convenio', aseguró la directora general del Mayor.
'Resulta muy extraño que el suministro de productos farmacéuticos no se rija por la Ley de Contratos del Estado, como ocurre con todos los demás contratos de suministro. Eso supondría publicidad y concurrencia y no surgirían estas dudas ni estos casos tan extraños', replica el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. Otro de los 'casos extraños' que denuncia el grupo socialista es el hecho de que la residencia de Manoteras copara entre 1997 y 2001 el 57% del gasto farmacéutico total de la Comunidad, cuando no es la residencia que mayor número de ancianos acoge. En Manoteras, el gasto por enfermo fue de unos 180 euros al año, frente a los 30 euros de media que correspondían a los pacientes de otras residencias. 'Es una residencia de asistidos y tiene servicios como, por ejemplo, un laboratorio, que no tienen otros centros. Por eso se gasta más', puntualizó la directora general del Mayor.
Dos facturas para un solo fármaco
Durante la comparecencia de la directora general del Mayor, Marisa Muñoz-Caballero, ante la Asamblea, el grupo parlamentario del PSOE pidió una aclaración sobre una denuncia interpuesta contra una farmacia ante el Insalud, la Consejería de Sanidad y los juzgados de la plaza de Castilla.
El denunciante acusaba a esa farmacia de estafar a la Seguridad Social al vender a la residencia de Manoteras ciertos medicamentos a los que quitaba sus precintos. Estos precintos los colocaba luego en recetas en blanco que le proporcionaba un médico a cambio de una comisión. Así, y según el denunciante, el farmacéutico cobraba el importe del medicamento, por un lado, a la Seguridad Social, y, por otro, a la Comunidad. Los productos farmacéuticos pagados por la Comunidad deben llevar el precinto, puesto que se abonan con factura y no se pasan a la Seguridad Social. 'A mí no me han notificado nada y la denuncia no tiene ningún fundamento. Las residencias no piden productos que se podrían facturar a la Seguridad Social. Ésos los piden los enfermos con sus propias recetas', aseguró el afectado.
Una versión que corroboró la directora general, quien, sin embargo, y a pesar de la gravedad de las acusaciones, aseguró desconocer esa denuncia 'porque se interpuso en Sanidad'. 'Si se hubiera investigado a tiempo, no habríamos llegado hasta aquí', se quejó el farmacéutico.
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