La ley de universidades catalana rectifica en aspectos cruciales el modelo de la LOU

La futura Ley de Universidades de Cataluña, la primera norma autonómica que desarrolla la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que aprobó el Gobierno el pasado diciembre, intenta neutralizar algunos aspectos concretos -y no menores- del modelo que ha impuesto el PP a la educación superior en España: rectifica el peso quitado por la norma básica a la universidad en los consejos sociales, crea un cuerpo de contratados fijos y persigue recuperar una prueba única de ingreso como la actual selectividad.

El Documento preparativo del Anteproyecto de Ley de Universidades, fue hecho público el pasado viernes por el consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que poco antes lo había presentado a los rectores catalanes. El Gobierno de CiU quiere introducir el anteproyecto de ley en el Parlamento autonómico a finales de junio, antes de que se inicien las vacaciones de verano, de modo que la ley pueda aprobarse antes de que acabe el 2002. Todos los grupos parlamentarios y los sindicatos han recibido también una copia. El Ejecutivo catalán quiere obtener el máximo de consenso para esta ley, que puede marcar el modelo de desarrollo de la LOU, que no deja de ser una ley orgánica sobre un sector totalmente transferido a las comunidades autónomas.

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El borrador no es un texto articulado, lo que aún lo hace más abierto a cualquier sugerencia. Según Mas-Colell, 'está abierto para el debate, pero contiene las líneas maestras que deben articular la ley'. Los rectores han aprobado la creación de una comisión para debatir esta ley. A finales de mayo, según el titular de Universidades, 'debe haber un texto articulado'. 'Nos gustaría que el texto entrara en el Parlament antes de las vacaciones para que pudiera debatirse después del verano', añadió. No es de extrañar este talante, en tanto que el Gobierno de CiU se mantiene en el poder gracias al apoyo parlamentario del PP que le proporciona una exigua mayoría de un sólo voto. Si el sesgo que toma la ley se interpretara como que intenta desvirtuar la LOU, el Gobierno de Jordi Pujol tendría graves problemas para sacarla adelante.

El borrador presentado por Mas-Colell -que tiene su origen en una serie de jornadas organizadas por la Generalitat en Sitges, que reunieron a la mayoría de los actores del mundo académico catalán- cuenta con una extensión de 45 páginas, en parte porque integra dos leyes anteriores: la de consejos sociales y la del Consejo Interuniversitario de Cataluña, y en parte porque incluye una considerable parte declarativa.

Es precisamente en lo que concierne a la regulación de los consejos sociales donde el proyecto del Gobierno catalán incluye una de las más importantes rectificaciones al modelo creado por la LOU. La ley de la ministra Pilar del Castillo refuerza, por un lado, el poder de las facultades y escuelas, y jerarquiza el funcionamiento de las universidades, pero, por otro, persigue el aumento del poder de los consejos sociales y diluye en ellos la presencia del sector académico al limitar a seis el número de miembros de la universidad.

Muchos consejos sociales tienen ahora más de 20 miembros y la mayoría son nombrados por el Parlamento o el Gobierno de turno. La solución que contempla el borrador presentado por Mas-Colell consiste en reducir a 15 miembros el Consejo Social, de modo que la presencia de la universidad se mantiene en torno a un 40%. Otra novedad es la de incluir a un exalumno, un intento de crear las relaciones de sirgia que se dan en las grandes universidades anglosajonas.

Pero la parte más importante del proyecto de la futura ley es la que se refiere a la política de profesorado. El Gobierno de CiU lleva tiempo intentado romper el viejo sistema funcionarial. En la anterior legislatura, cuando el PP necesitó el apoyo de los nacionalistas catalanes, hubo varios intentos de reformar la antigua ley de universidades, la LRU, y todas ellas incidían en una reforma del cuerpo profesoral. También, en los últimos años, se ha mencionado varias veces la posibilidad, absolutamenté inviable bajo el viejo sistema, de que la Generalitat creara su propio cuerpo funcionarial de profesores, ni siquiera de establecer una carrera docente más clarificada. Pero ahora, la consejería encabezada por Mas-Colell ha optado por aprovechar el resquicio que abre la LOU con la creación de la figura del 'profesor contratado doctor', al que permite ocupar hasta un 49% de total de la plantilla docente e investigadora de cada universidad, para regular 'categorías laborales estables'. Aunque no se trata de funcionarios, el proyecto contempla que estos profesores que dispondrán de contratos laborales indefinidos, dispongan de los mismos derechos e idénticas condiciones salariales, con las únicas limitaciones que establece la LOU, entre las que destaca el que no puedan acceder al cargo de rector.

'La LOU abría la posibilidad, nosotros entramos a fondo', dijo Mas-Colell en la presentación del proyecto, aunque quiso matizar que 'no se trata de cambios radicales, sino de abrir el abanico de posibilidades contractuales'. Las pretensiones de la futura ley catalana, sin embargo, sí que parecen dirigirse hacia la creación de este cuerpo propio: para estos profesores contratados, el borrador recupera la nomenclatura del proyecto universitario de la Generalitat republicana. Son tres categorías de docentes: el profesor lector, el catedrático agregado y el catedrático plenario. Según explicó Mas-Colell, el profesor lector equivaldrá al profesor titular; el catedrático agregado tendrá las mismas condiciones laborales y salariales que un catedrático funcionario acabado de nombrar. En lo alto de la piramide estará el catedrático plenario, con las capacidades, emolumentos y capacidad docente e investigadora de un catedrático funcionario con varios tramos de investigación y docencia.

El borrador de la ley da a cada universidade libertad absoluta para crear las plazas de profesorado que crea convenientes y para seleccionar a los profesores que quiera contratar. En este punto, sin embargo, es donde entra la mano de la Administración. El borrador de la ley establece un filtro: crea una nueva agencia, la Agencia Catalana de Evaluación de la Investigación (que se suma a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario), pero que a diferencia de ésta tendría una composición con mayoría de miembros nombrados por el Ejecutivo, y a la que otorga la 'emisión de informes' sobre 'la actividad investigadora' de los tres tipos de profesores antes citados, lo que convierte a esta agencia en un organismo que homologaría a los profesores que cada universidad quisiera contratar. Éste ha sido uno de los puntos que más rechazo ha despertado entre los rectores catalanes. Para el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, se trata de una 'inadmisible injerencia en la autonomía universitaria' y de un 'filtro' impuesto por el Ejecutivo.