La LOU y la financiación de las universidades

Una de las críticas que se han hecho a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) es que no prevé la financiación de los cambios que introduce en las universidades. En el caso de las valencianas, el actual Plan Plurianual de Financiación de las universidades (PPF) nació en 1999 como consecuencia directa del Libro Blanco sobre el Sistema Universitario Valenciano. Éste fue un encargo del anterior Consejero de Educación, Francisco Camps, a las universidades y al IVIE, quienes bajo la coordinación de la Dirección General de Universidades, hicieron el diagnóstico de la situación en que se encontraba la educación superior y apuntaron una serie de medidas para la mejora de lo que a partir de ahí se empezó a llamar sistema público universitario valenciano.

El PPF permite calcular la subvención anual para las universidades basándose en parámetros objetivos, entre ellos la composición de la plantilla, el número de estudiantes matriculados, y el contenido práctico de cada titulación y tenía como objetivo general que el gasto en universidades llegara al 1% del PIB de la Comunidad Valenciana ya que en ese momento se dedicaba el 0,6% mientras que la media de la OCDE era del 1,6%.

Una novedad del PPF era la financiación ligada a objetivos, de tal forma que el 10% de la subvención de cada universidad se condicionaba a alcanzar una serie de objetivos encaminados a mejorar su calidad. Estos objetivos debían pactarse con la Consejería y, según el grado de cumplimiento de cada año, se podía obtener, por el conjunto de las universidades, una cantidad que iba desde 1.190 millones de pesetas anuales hasta un máximo de 8.500 millones en el último año de desarrollo del plan. Debe quedar claro que se trata de una parte de la subvención ordinaria y por tanto necesaria para el normal funcionamiento de las universidades, pero se obtiene mediante el esfuerzo de conseguir unos objetivos previamente pactados, por tanto no es, como se ha llegado a decir, una sobrefinanciación de las universidades. Sólo si se financia ese 10%, se estará invirtiendo en educación universitaria el porcentaje del PIB pactado.

Los cambios en la Consejería de Educación, primero del consejero y más tarde del director general de universidades, hicieron que la presentación del Libro Blanco fuera la última ocasión en que se habló de él. Nunca más se utilizó, hasta el punto de que el último capítulo, el de investigación, ni siquiera llegó a publicarse y desde luego no se desarrollaron sus previsiones en cuanto a racionalidad en el mapa de titulaciones. Suerte parecida corrió la financiación por objetivos, los presupuestos de la Generalitat en los ejercicios 2000 y siguientes dotaron insuficientemente la línea correspondiente, las cantidades transferidas en el 2000 fueron muy inferiores a las previstas en el PPF, y a estas alturas del año 2002 no está terminado ni siquiera el cálculo de las cantidades a transferir por los objetivos alcanzados el año pasado.

Para complicar más las cosas la entrada en vigor de la LOU genera una situación nueva, naturalmente no contemplada en el PPF. Se modifica el porcentaje de profesorado contratado que pasa del 30% al 49%, lo que cambia de manera importante los costes, pero además la LOU crea nuevas figuras de profesorado no contempladas en la LRU y con coste superior al de los actuales profesores contratados. Ello hace que uno de los parámetros base de cálculo del PPF, el coste medio de la plantilla, se modifique de manera notable, lo que debería llevar a una revisión de las previsiones del PPF.

Además, la Dirección General de Universidades, la misma que año tras año está incumpliendo el plan al rebajar y retrasar la financiación ligada a objetivos, ha iniciado un proceso de creación de complementos retributivos al profesorado que según parece deberían también pagarse con la subvención ordinaria. El PPF no contempló en ningún momento la posibilidad de financiar retribuciones que no existían entonces y los cálculos de la subvención se hacen considerando un coste de plantilla que, de crearse los complementos, se verá seriamente incrementado.

Nos encontramos, pues, en una situación en que el número de estudiantes, base del cálculo de la subvención, baja por razones demográficas y el coste medio de la plantilla sube por la modificación de su composición y por la creación de nuevos conceptos retributivos. Para completar el cuadro, la Consejería ha dado publicidad a una tabla en la que para dar la impresión de que se llega al 1% del PIB, suma los máximos de subvención, que nunca ha presupuestado, con lo recaudado por tasas. La confusión está servida.

En resumen, la LOU ha modificado el panorama en el que se pactó el PPF y, aún cuando su vigencia llega hasta el 2003, sería necesario hacer algunas modificaciones o contemplar acciones de financiación extraordinaria, si se quiere cumplir la ley y mantener, al menos mantener, la calidad de las universidades valencianas.

Francisco Morales es profesor de la Universidad de Valencia y miembro del equipo redactor del Libro Blanco del Sistena Universitario Valenciano.