Las cajas, pendientes de la reforma que ultima el PP
Los cambios que ultima el Gobierno afectarán a las cajas catalanas, que administran el 64% del ahorro
Las cajas de ahorro viven sus momentos más azarosos. Un cambio legal que prepara el PP para limitar la edad de los consejeros puede dejar fuera de sus órganos de gobierno a buena parte de los miembros de sus consejos de administración. Salvo modificaciones de última hora, los cambios ya anunciados afectarán especialmente a Cataluña, un país prolijo en fracasos bancarios donde las cajas de ahorro son desde hace muchos años su verdadero sistema financiero. Las cajas absorben dos de cada tres euros depositados en ese sistema y administran 105.747 millones de euros (17,6 billones de pesetas). Y mientras que en el conjunto de España las cajas tienen una cuota de mercado del 45%, en Cataluña acaparan el 64%, porcentaje aún mayor en el segmento de las familias.
La Caixa, cuyo presidente supera la edad que apunta el PP, tiene el 60% del mercado de las cajas
Otro de los rasgos de las cajas de ahorro es su gran solvencia. Ni las catalanas ni las del resto de España han tenido problemas en este aspecto, a diferencia de algunos sustos que han dado los bancos. Tienen coeficientes de solvencia -que miden la relación entre sus fondos propios y su inversión crediticia- entre el 12% y el 15%, muy por encima del 8% que exige la ley. Y sus beneficios totales siguen creciendo. El año pasado las 10 cajas catalanas - sin sus grupos financieros- ganaron 790 millones de euros (131.458 millones de pesetas), a pesar de que cada día resulta más difícil aumentar los beneficios debido a la bajada de los tipos de interés.
En Cataluña las cajas se rigen por la ley catalana, una norma laxa que les deja margen para que cada una regule sus normas en sus estatutos. Pero con las medidas que ultima el PP la situación cambiará.
Los presidentes de las cuatro primeras cajas catalanas, Josep Vilarasau, de La Caixa; Antoni Serra Ramoneda, de Caixa Catalunya; Josep Parera, de Caixa del Penedès, y Manuel Grau, de Caixa de Sabadell, deberán dejar sus cargos si salen adelante las enmiendas al proyecto de ley financiera que el PP tiene previsto presentar mañana en el Congreso. Los cuatro han cumplido o están próximos a cumplir 70 años, el límite de edad que el PP ha adelantado que quiere aplicar a los consejeros de las cajas de ahorro, aunque a última hora podría suavizarlo, bien fijando una horquilla de edades, bien convirtiendo en improrrogables los mandatos de los ya elegidos que superen esa edad.
Los presidentes de otras cajas más pequeñas superan la edad límite que pretende el PP; así sucede en Caixa de Tarragona, presidida por Gabriel Ferraté, y Caixa Laietana, cuyo presidente, Antoni Bonamusa, también supera esa edad. Aun así, algunas cajas ya prevén en sus estatutos que el presidente no podrá ser reelegido si supera los 70 años. Es el caso del de Caixa de Sabadell, cuyo mandato será improrrogable dentro de un año.
Los cambios son especialmente relevantes para La Caixa, que representa el 60% de la cuota de mercado de las 10 cajas catalanas (véase el gráfico adjunto). No hay entidad financiera en Cataluña que pueda compararse con el tamaño de La Caixa, que administra 63.360 millones de euros (10,6 billones de pesetas) y 93.700 millones de euros (15,6 billones de pesetas) si se incluye su grupo financiero. La Caixa es, además, el tercer grupo financiero español tras el SCH y el BBVA. Es también el principal accionista del Sabadell, primer banco catalán y cuarto de España.
Al margen de la limitación de la edad de los consejeros, el PP tiene previsto presentar mañana en el Congreso cuatro bloques de enmiendas para reformar las cajas, según ha explicado a este diario el portavoz de Economía en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte. La primera es limitar los mandatos (se barajan ocho años); la segunda, reducir la presencia de cargos públicos en los consejos de administración; la tercera, hacer los cargos irrevocables para que no puedan ser relevados durante su mandato, y la cuarta, regular las cuotas participativas, unos títulos similares a las acciones que les permitirían elevar sus fondos propios, pero que no tendrían derecho a voto.
Martínez Pujalte ha afirmado que se busca afinar la forma de emitir las cuotas participativas 'con prima', algo que ya figura en un decreto de mayo de 1990, para que el precio de estos títulos pueda recoger su valor de mercado y no sólo el contable. El PP también quiere que las cuotas participativas puedan cotizar en Bolsa, de la misma forma que ya cotizan las emisiones de renta fija de las cajas.
Todas las medidas previstas, salvo la de las cuotas participativas, chocan con la ley catalana de cajas, pero el PP dice que estas medidas serán de obligado cumplimiento. Asimismo ya ha adelantado que su grupo dará un plazo de seis meses, que quizá se amplíe, para que las comunidades autónomas adapten sus estatutos.
El Gobierno catalán ha anunciado que, de no haber un pacto satisfactorio, recurrirá contra las medidas. El PSOE y el PNV también han anticipado su oposición a las medidas, pero el cuadrilátero donde se librará la batalla política está bien guardado por la mayoría absoluta del PP en el Congreso.
El dirigente catalán del PP Jorge Moragas es el único que no elude hablar del asunto. 'En Cataluña se necesita una regeneración, que debe afectar a la política, pero también a algunos centros de poder donde no ha habido renovación de las cúpulas en muchos años. Y en ese saco meto a La Caixa, pero no porque hable sólo de La Caixa, sino porque la incluyo dentro de la renovación que propone mi partido', dice.
'Dividendos' de 228 millones de euros a la obra social
Las cajas no reparten dividendos porque no tienen accionistas, pero el dinero que destinan a la obra social es una especie de dividendo que devuelven a la sociedad. Las aportaciones a la obra social salen de los beneficios de las cajas. Una de cada tres pesetas de beneficios de las caja catalanas se destinaron el año pasado a la obra social. Las 10 cajas catalanas destinaron a obra social 228.567 millones de euros (38.030 millones de pesetas). Esta cantidad se desparramó por una red de centros asistenciales, escuelas, hospitales, centros culturales y becas. El origen de muchas cajas está ligado precisamente al objetivo de las obras sociales. Durante años varias llevaron en sus nombres la coletilla de Monte de Piedad, que servía para que los clientes empeñaran objetos y obtuvieran dinero para salir adelante. Un libro publicado por la exinta Caixa de Barcelona -que se fusionó con La Caixa de Pensions en 1989- era elocuente al respecto: 'Los montes de piedad surgen como medida de reacción y para librar al pueblo de las garras de un enemigo poderoso, terrible y antisocial: la usura, plaga y verdadera calamidad social'. Pero las aportaciones totales de las cajas españolas a la obra social han descendido en los últimos años. Un estudio de Alejandro Plasencia,vicepresidente de la Fundación La Caixa, publicado por la Revista Económica de Cataluña, refleja los altibajos en la proporción de los beneficios destinados a la obra social. En 1980 las cajas de ahorro destinaron el 37,3% de sus beneficios a obras sociales. El porcentaje alcanzó un mínimo del 17,8% en 1992, pero ha ido remontando lentamente desde entonces hasta el 20,1%. Las dotaciones a la obra social dependen de cada caja, pero oscilan entre el 9% y el 33% de los beneficios, según datos de las entidades (ver cuadro). Las cajas también han negociado con el consejero de Economía, Francesc Homs, financiar con créditos preferentes infraestructuras sociales como residencias y blibliotecas. La previsión para este año es que financien con 240,4 millones de euros estos planes. Las entidades defienden que su caracter social no está reñido con su condición de entidades privadas. El economista, Joan Cals, que es consejero de Caixa Catalunya, ha calificado de impropio que se hable de privatizar las cajas, 'puesto que ya son privadas, a pesar de que buena parte de las mismas deben su creación a instituciones públicas. Que las cajas pueden comprar bancos y los bancos no pueden comprar cajas' -añade Cals- 'es una verdad a medias, puesto que nada impide la venta, total o parcial del activo y el pasivo de una caja o la de sus oficinas'.
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