Fiscal y parte

La imparcialidad exigida por el estatuto del ministerio público a sus miembros brilló por su ausencia en el interrogatorio desconsiderado, insidioso y desbordante de prejuicios machistas al que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sometió a Nevenka Fernández durante el juicio en que se dilucida su denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Ponferrada y procurador por el PP en las Cortes regionales, Ismael Álvarez.

Los servicios de inspección de la Fiscalía General del Estado han reaccionado con rapidez abriendo diligencias informativas sobre ese comportamiento. Pero más allá de lo que estas diligencias establezcan, esa forma de interrogar a una testigo, denunciante además del caso y presunta víctima, como si fuera la acusada, pone en entredicho el papel constitucional del fiscal como defensor de la legalidad y, consecuentemente, su continuidad en el juicio. ¿Cómo no sospechar que el fiscal ha pretendido con ese interrogatorio restar crediblidad a la denuncia y facilitar la exculpación del acusado? Se supone, además, que si el ministerio público se sumó en su día a la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Ponferrada fue porque la consideró fundada. ¿A qué viene, entonces, un interrogatorio cuya finalidad parece haber sido desactivarla?

Ante las reacciones de indignación que ese comportamiento ha provocado, el fiscal jefe de Castilla y León ha replicado que la tarea del ministerio público es buscar la verdad. Nada más cierto. Pero la verdad en un proceso se busca con preguntas claras y concretas sobre los hechos sometidos a juicio y no con suposiciones indelicadas, si no vejatorias, que confunden e intimidan al testigo. Nevenka Fernandez sintió que el interrogatorio intimidatorio e inquistivo del fiscal pretendía poco menos que hacerla sentirse culpable del acoso sexual denunciado, y así fue percibido por el público asistente al juicio, que prorrumpió en aplausos cuando el presidente del tribunal, con una tardanza inexplicable, recordó al representante del ministerio público que la interrogada 'es un testigo, y no el acusado'.

El ministerio fiscal sanciona las faltas de respeto y la desconsideración entre sus miembros. Con no menos rigor debe castigar ese comportamiento cuando quienes lo sufren son personas implicadas en un proceso y cuya comparencia a juicio tiene muchas veces connotaciones psicológicamente dolorosas.