Desempleo y huelga

La conmemoración del Día del Trabajo en España ha sido la más tensa de los últimos cinco años. Sobre los discursos de rigor de los representantes sindicales ha planeado la amenaza de convocar una huelga para oponerse a las propuestas de reforma de la prestación por desempleo que ha presentado el Gobierno. Los proyectos oficiales pretenden imponer la obligación a los registrados en las oficinas del Inem de que acepten las ofertas que se les presenten; la primera y segunda negativa darían lugar a recortes en la prestación, y la tercera acarrearía la suspensión del derecho. El Ejecutivo quiere además eliminar el salario de tramitación, que es el que se paga durante el periodo en el que se tramita el despido. UGT y CC OO consideran que las medidas suponen una clara regresión y piden que la reforma se retire.

El Gobierno tiene derecho a considerar que el sistema actual de prestaciones desincentiva el empleo; aunque, a la vista de algún informe reciente del Ministerio de Trabajo, que certifica que una gran mayoría de los inscritos en el Inem no agota el periodo de percepción, debería esmerarse un poco más en demostrarlo. Igualmente tiene el derecho y la obligación de proponer los cambios que considere oportunos para corregir el problema. Ahora bien, en la gestión de estas propuestas el Ejecutivo ha estado especialmente torpe. Cuando se tiene una reforma laboral entre las manos, sea grande o pequeña, no se puede exponer a la sociedad con el mensaje implícito de que la voluntad del Gobierno se cumplirá, con acuerdo o sin acuerdo, y cuando, como ha sucedido, se detecta resistencia entre los agentes sociales, no se debe seguir poniendo limitaciones asegurando que sólo se aceptarán cambios que no afecten a la estructura principal del plan oficial. La firmeza política debe demostrarse en el argumentario y en las mesas de negociación, no en los telediarios. De esta forma, el Gobierno ha conseguido inducir la oposición cerrada de los sindicatos, que exigen perentoriamente la retirada de la reforma.

Aunque la idea de eliminar los desincentivos al empleo es correcta, el contenido de los cambios que prepara el Gobierno es, como todos, discutible, y ésa es una razón más para que la negociación sea el único criterio respetable en este asunto. No está justificada la celeridad que pretende aplicar el Ejecutivo, porque no se da una grave crisis presupuestaria que impida el pago de las prestaciones ni existen estrangulamientos financieros a corto plazo que obliguen a resolver la cuestión de un día para otro. Además, resulta que el Gobierno está utilizando el superávit del Inem y la Seguridad Social para presumir de déficit cero y de ortodoxia presupuestaria. Este asunto, como otros muchos, merece una reflexión y un debate público, con información abierta procedente de todos los ámbitos sociales. A partir de ese debate es cuando el Gobierno puede y debe concretar sus propuestas.

Pero en lugar de abrir un proceso meditado, el equipo económico del Gobierno ha preferido, una vez más, jugar al ordeno y mando, y los sindicatos, huérfanos de otra respuesta política, parecen dispuestos a transitar por el camino del enfrentamiento, siempre indeseable. El 1 de mayo de 2002 se convirtió en intercambio de estocadas en el que los sindicatos amenazan con una escalada de movilizaciones si no se retira el proyecto, mientras Trabajo busca reinterpretar sus hostiles declaraciones iniciales en una suerte de negociación condicionada. Lo mejor sería reconducir la escalada a una negociación que aclarase la naturaleza, urgencia y gravedad del problema.