Condenado a seis años de cárcel un funcionario judicial

La Audiencia de Madrid ha condenado, por delitos continuados de malversación y falsedad, a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación en el cargo a un oficial del Juzgado de Instrucción 28 de Madrid que se apropió de pequeñas indemnizaciones destinadas a 111 personas; la mayoría, víctimas de accidentes. En total robó 60.000 euros (10 millones de pesetas). Un hijo del reo, de 35 años y que trabajó con su padre en el mismo juzgado, también ha sido condenado a un año de cárcel como cómplice. Según la sentencia, ayudó a su padre a apropiarse de 12.200 euros.

El principal condenado, Rafael Martínez, de 67 años, perpetró ambos delitos entre 1990 y 1995, según la sentencia, que ocupa 145 folios. El tribunal obliga al reo a pagar de su bolsillo las indemnizaciones que robó al menos a 111 usuarios de su juzgado. Si Martínez resultase insolvente, deberá abonarlas el Estado como responsable civil.

A grandes rasgos, el chanchullo era el siguiente: el juzgado en el que trabaja Martínez decretaba una indemnización para la víctima de, por ejemplo, un accidente de tráfico. Más tarde, la compañía aseguradora depositaba el dinero en una cuenta del juzgado, pero el dinero nunca llegaba a su legítimo destinatario porque Martínez (unas veces solo y otras en connivencia con su hijo) se lo quedaba tras hacer constar que la indemnización había sido satisfecha. Para ello falsificaba la firma y el recibí de la víctima y la de la secretaria del juzgado, necesaria para retirar dinero de la cuenta judicial.

Muchos receptores de ese dinero ignoraban que el juez les había concedido una indemnización porque quien debía comunicárselo, el citado oficial, no lo hacía, o bien les decía que la cantidad era inferior y él se quedaba la diferencia.

En el juicio, celebrado en la Sección Cuarta de la Audiencia, el reo admitió 'la mayoría de los hechos' y alegó que retuvo cantidades de dinero porque su esposa, fallecida en 1994, estaba enferma y necesitaba dinero para sus cuidados. El tribunal aduce que la Seguridad Social cubrió todos los gastos de la enfermedad y que tal justificación no resulta válida penalmente.

Los jueces aluden en la sentencia a 225 procedimientos (básicamente juicios de faltas) en los que el reo se quedó cantidades que oscilan entre 12 euros (2.000 pesetas) y casi 6.000 euros (un millón de pesetas). Martínez no sólo malversó cantidades destinadas a víctimas de accidentes, sino que también sustrajo dinero de multas pagadas en el juzgado por ciudadanos que habían cometido algún ilícito civil o penal y del importe de tasaciones abonadas por el Estado a peritos judiciales.

Libros con 'raspaduras'

Según la sentencia, ponencia de la magistrada Pilar de Prada, fue la entonces secretaria del juzgado 28 quien descubrió, en agosto de 1995, los tejemanejes de este oficial y de su hijo. Tras volver de sus vacaciones, la secretaria comprobó que había 'raspaduras' en algunos mandamientos de pago y comenzó a tirar del hilo. Observó también que el libro de registro de depósitos, siempre bajo custodia del acusado, contenía excesivas tachaduras y operaciones anómalas que se remontaban a 1990. Extrañada, comenzó a revisar antiguos procedimientos judiciales en los que se decretaban indemnizaciones y se puso en contacto con las víctimas de los mismos.

La secretaria contactó, entre otros afectados, con Rodolfo Gil Serrano. Éste había sufrido un accidente viario en cadena años atrás y de su bolsillo había pagado la reparación del coche. Fue ajeno al pleito que un tiempo después se celebró en un juzgado de Madrid a instancias de las compañías de los vehículos implicados. 'Años después de aquello me llamaron del juzgado para preguntarme si había cobrado una indemnización de 66.975 pesetas [402 euros] y si era mía la firma que constaba en un libro del juzgado', recuerda Gil. 'Yo les dije que ni una cosa ni otra. Tomaron nota y un tiempo después me informaron de que debía asistir como testigo a un juicio en la Audiencia de Madrid', añade. Gil recuerda que en los pasillos vio a 'otros muchos testigos, la mayoría mujeres mayores, que habían tenido el mismo problema'.

La persona más afectada por las triquiñuelas de este oficial de juzgado y su hijo ha sido el perito judicial José C. P. La audiencia ha condenado a Martínez a entregar a este perito 5.787,75 euros (963.000 pesetas) por tasaciones que José C. P. efectuó a instancias del juzgado y que el Estado abonó, aunque el dinero nunca llegó a él porque se lo quedó el acusado. La esposa de Martínez también fue imputada por supuesta complicidad, si bien el tribunal la ha absuelto convencido de que esta mujer ignoraba la procedencia de los talones que en alguna ocasión le facilitó su esposo para que los cobrase.