Tomadura de pelo

El régimen de Viviendas de Protección Oficial (VPO) no ha sido el único medio de cumplir con el artículo 47 de la Constitución -'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada'-, pero ha contribuido enormemente a ese objetivo mediante la construcción de cuatro o quizá cinco millones de ellas desde que, con el advenimiento de la democracia, se implantó la fórmula. Las ayudas económicas del Estado aligeran la carga del comprador y consolidan un mercado de vastas proporciones que necesariamente interesa al promotor, no obstante el beneficio ajustado de este capítulo. Digamos que la merma de la ganancia se compensa con la seguridad.

Valencia y la Comunidad Valenciana en su conjunto han desarrollado esta fórmula con tal intensidad que, según fuentes cualificadas, puede afirmarse que las VPO han representado el 25 o 30% de la vivienda total construida. Quizá sea una de las razones de que los precios de las viviendas se hayan contenido durante tan largo tiempo en el marco del Pais Valenciano y de Valencia, especialmente. Añádase a ello que, en lo referente a la capital, se ha construido sin promover guetos. Esto es, se ha construido en espacios urbanos de toda condición social, lo que ha servido para fomentar la integración del vecindario y contener las tendencias alcistas. Estas son algunas de las ventajas del referido régimen.

Sin embargo, el aumento de los costes -de los solares en particular- a la par con la desgana del gobierno autonómico, está a punto de dar al traste con esta solución. Por lo pronto, el referido porcentaje de VPO con respecto a la total construida se ha reducido al 9%. Recuperar el dinamismo anterior obligaba a revisar el importe de las ayudas, tal como ha reconocido el Ministerio de Fomento para aquellos municipios, calificados de singulares, donde los precios se han desfasado a la baja. Son habas contadas perfectamente verificables, cual es el caso de Valencia.

Los promotores de viviendas del cap i casal han argumentado e instado la necesidad de que el municipio fuera incluido entre los reputados de singulares. Bastaba para ello que la Consejería de Obras Públicas de la Generalitat tramitase la petición. Así de fácil. Pero el dicho departamento no ha estado por la labor. A juicio de sus responsables, en Valencia ya no hacen falta VPO. Igual piensan que los jóvenes prefieren envejecer al amor del hogar paterno, como ha diagnosticado el concejal de Urbanismo del ayuntamiento capitalino, y que los menos jóvenes andan sobrados de euros. Curiosa y penosa percepción de la realidad.

El caso es que, como decimos, no se ha tramitado la aludida petición porque, al decir de la consejería, Fomento la desecharía. Esta y casi todas las demás, aunque no se tenían visos de tan negativa actitud. Y en efecto no lo era: el ministerio acaba de declarar por docenas municipios singulares, cuyas VPO se beneficiarán de las pertinentes e incrementadas subvenciones. Ante este trance cabe preguntarse quien le ha tomado el pelo a quien, ¿el ministerio a la consejería, o ésta a los promotores de vivienda valencianos, como parece más cierto? Lo que no admite duda es que se ha cometido un error perjudicial para los compradores potenciales de este tipo de viviendas y para el sector industrial que las promueve.