Los 74 guardas rurales andaluces llevan cuatro meses sin percibir sus salarios

Son los últimos exponentes de las antiguas guarderías rurales, pero se resisten a ser extinguidos. Los 74 guardas de las Cámaras Agrarias que aún quedan en Andalucía han denunciado que llevan cuatro meses sin percibir sus salarios por parte de la Consejería de Agricultura, organismo al que pertenecen desde que hace cuatro años la Junta recibió la transferencia del antiguo Instituto de Relaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura.

'La situación es insostenible, porque detrás de cada guarda rural hay una familia que depende de sus ingresos', ha asegurado Manuel de la Blanca Expósito, portavoz en la provincia de Jaén de este colectivo de guardas rurales en la Federación Sindical Independiente de Funcionarios de la Consejería de Agricultura. Los 74 agentes perjudicados por esta situación -24 de Jaén, 23 de Córdoba, 15 de Sevilla, seis de Huelva, cinco de Granada y uno de Cádiz- se han reunido en Marbella (Málaga) y han decidido emprender movilizaciones si en el plazo de 15 días no reciben respuesta de la Junta de Andalucía. Encierros en locales de la Administración andaluza o incluso una huelga de hambre son algunas de las medidas que se plantean.

Hermandades

A los guardas rurales, algunos de ellos con más de 30 años de servicio y cuya creación se remonta a las antiguas hermandades de labradores y ganaderos de la etapa franquista, se les adeudan sus salarios desde el pasado mes de enero. Otra de sus reivindicaciones se dirige hacia el Parlamento Andaluz para que apruebe la Ley de Cámaras Agrarias de Andalucía. 'Así se paliaría el vacío legal que actualmente tiene este colectivo y que es el germen de los problemas que sufrimos', asegura Manuel de la Blanca.

El borrador de la Ley prevé que estos guardas rurales se integren en las Oficinas Comarcales Agrarias y pasen a ser personal laboral de la Junta de Andalucía. De esta manera pasarían a formar parte del régimen general de la Seguridad Social y dejarían de pertenecer al régimen agrario. Su salario, que ahora apenas pasa de los 550 euros al mes (aproximadamente unas 91.500 pesetas), se elevaría entonces en más de un 60%.

La nueva Ley servirá también para regular y actualizar los cometidos de este colectivo, que llegó a ser de miles de personas en toda Andalucía. Actualmente los guardas no llevan a cabo tareas de vigilancia rural y el futuro, según aseguran los representantes sindicales, pasa porque se conviertan en colaboradores del personal técnico de la Consejería de Agricultura, como los veterinarios o los peritos agrícolas. 'Nadie como nosotros conoce el campo andaluz', subrayan estos guardias, que ahora se limitan a simples tareas burocrática en las zonas rurales.