Arias Cañete pide excusas a Bruselas por su postura ante el plan de pesca

Las supuestas presiones ejercidas sobre la Comisión Europea desde el Gobierno español, entre otros, para boicotear el proyecto de reforma de la política pesquera comunitaria están originando una auténtica marejada entre Bruselas, Madrid y Copenhague. Ayer entraron en escena el presidente de la Comisión, Romano Prodi, y la vicepresidenta Loyola de la Palacio. El primero para anunciar que el ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, 'ha pedido disculpas' por asegurar que sí hubo tales presiones desde España, y la segunda para afirmar que 'no ha recibido presiones ni instrucciones de ningún Gobierno'.

El origen de la polémica se remonta al jueves pasado, cuando Arias Cañete declaró a TVE: 'Los Estados miembros que formamos ese grupo hemos instruido a nuestros comisarios respectivos para que trataran de parar la reforma'. 'Es cierto', agregó, 'que se han ofrecido presiones'. El proyecto de reforma, que prevé una reducción del 40% en la capacidad de capturas de la flota comunitaria, no fue debatido por la Comisión, en contra de lo previsto, el miércoles pasado.

Acusación

Enseguida, desde Bruselas se acusó al Gobierno español de no respetar el Tratado de la Comunidad Europea que, en su artículo 213 dice textualmente: 'En el cumplimiento de sus funciones, no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo (...) Cada Estado miembro se compromete a respetar este principio y a no intentar influir en los miembros de la Comisión en el desempeño de sus funciones'.

Prodi señaló ayer que Arias Cañete comunicó a Franz Fischler, el comisario autor de la propuesta, que sus declaraciones 'no eran correctas' y que le pedía 'disculpas', por lo que el contencioso estaba ya zanjado. Un portavoz del comisario confirmó ayer que, en efecto, la conversación, en esos términos, se produjo el pasado viernes en un viaje de ambos de Madrid a Murcia.

Pero el escándalo ya había saltado, con especial virulencia en Dinamarca, cuyo Gobierno apoya con firmeza la reforma de Fischler. Dirigentes políticos daneses han exigido incluso que dimitan los comisarios que supuestamente han recibido tales presiones.

De Palacio envió una carta al periódico danés Politiken, muy crítico con la Comisión y con España en la polémica, en la que, tras asegurar que no recibió presiones porque eso sería 'un disparate político y legal', señala que no está dispuesta a soportar restricción alguna a su independencia. Pese a todo el revuelo, el comisario Fischler ha asegurado que no cambiará apenas su proyecto, que en principio será sometido a debate en la Comisión a finales del mes que viene.