La Fiscalía cree que Ballesteros usó su cargo para obtener una licencia ilegal

La Fiscalía mantuvo ayer que el ex diputado y ex presidente del PSOE en Málaga, Rafael Ballesteros, aprovechó sus cargos políticos y su relación con el alcalde que había en Villanueva del Trabuco en 1991, José Arjona, para obtener una licencia ilegal y hacerse un chalé. Según el Ministerio público, Arjona dio los permisos a sabiendas de su ilegalidad. Las defensas reiteraron que no hubo delito y pidieron la absolución.

El juicio por supuesto tráfico de influencias y prevaricación quedará visto para sentencia el jueves, pero ayer la Fiscalía adelantó sus conclusiones definitivas. Según su relato, Ballesteros 'prevaliéndose de sus cargos políticos y de su relación personal' con Arjona obtuvo una licencia para construirse un chalet que no se ajustaba a la legalidad ya que su destino no era agrícola ni tenía la extensión de 25.000 metros cuadrados, como exigían las normas.

De acuerdo al escrito de la Fiscalía, Ballesteros y Arjona, que también militaba en el PSOE, trazaron un 'plan' para 'aparentar' que a la parcela se le daría un destino agrícola. Para ello, el ayuntamiento concedió dos licencias, una en abril de 1991 para construir una alberca y una nave y otra en julio del mismo año, para levantar una vivienda.

El Ministerio público mantiene en sus conclusiones definitivas que el alcalde -'influido' por Ballesteros- otorgó la segunda licencia 'con plena consciencia de su ilegalidad, sin informes y sabedor de que no podía construirse una vivienda en terreno no urbanizable, dada la extensión de la finca que no alcanzaba los 25.000 metros cuadrados y que su destino no era agrícola'.

La Fiscalía mantiene además que el ex diputado obtuvo 'un claro beneficio económico al construir un chalé en una parcela que adquirió a precio de suelo no urbanizable' y por el que pagó unas tasas inferiores a las que correspondían. Ballesteros abonó primero 18.000 pesetas y luego otras 80.459. Según el Ministerio público, este último pago se hizo en diciembre de 1992 'cuando eran patentes en todo el pueblo las referidas irregularidades'.

Tras este relato, la Fiscalía mantuvo, como al comienzo del juicio, que Ballesteros es responsable de un delito de tráfico de influencias y Arjona, de prevaricación. Sin embargo, introdujo dos cambios: añadió que 'alternativamente' el ex diputado sería responsable de un delito de prevaricación como 'inductor o cooperador necesario' del alcalde y retiró los cargos contra la compañera de Ballesteros, Victoria Robles, copropietaria de la finca.

Las defensas y la acusación presentarán sus informes el jueves, aunque los abogados de Ballesteros y Arjona adelantaron que pedirán su absolución. Las defensas se basaban en las declaraciones de varios testigos que coincidieron en que en la finca se plantaron árboles frutales, lo que demostraría el uso agrícola, y que en aquella época se daban licencias para viviendas 'a todo el mundo' aun cuando fueran en parcelas menores de lo permitido, lo que probaría que no hubo trato de favor. Además, según los arquitectos que hicieron el proyecto, las obras eran 'legalizables'. Pero esos mismos técnicos también declararon que ante sus advertencias sobre las 'dificultades' que planteaba la normativa, Ballesteros les comentó que tenía autorización verbal del alcalde.