El Parlamento navarro aprueba prohibir las antenas de telefonía en los colegios

Todas las antenas de telefonía móvil instaladas en colegios de Navarra deberán ser retiradas. Así lo exige la normativa que acaba de aprobar el Parlamento foral, una norma que reduce a la mitad con respecto a la legislación estatal la potencia máxima que estas estaciones pueden emitir y que delimita las zonas sensibles formadas por los centros escolares, los centros de salud, los hospitales, las residencias geriátricas y los parques públicos, lugares en los que se incorporan medidas más restrictivas de control y seguimiento de las emisiones radioeléctricas.

Ningún centro escolar navarro podrá tener en sus recintos antenas de telefonía móvil y centros de salud como las dependencias centrales del Servicio Navarro de Salud deberán vigilar exhaustivamente las emisiones de las antenas ubicadas en sus azoteas. Al menos dos colegios, Jesuitas y Dominicas, ambos ubicados en Pamplona, han denunciado ya las antenas presentes en sus edificios. La normativa aprobada por unanimidad en el Parlamento navarro respalda ahora su retirada.

Los niveles de emisión máxima permitida serán de 200 microvatios por centímetro cuadrado para GSM (frecuencia de 900 megaherzios), 400 para DCS (1.800 megaherzios) y 450 para UMTS (2.000 megaherzios). Estos niveles son exactamente la mitad de los máximos permitidos por la legislación estatal sobre emisiones de antenas de telefonía móvil e iguales a los establecidos en Cataluña.

La iniciativa para restringir la potencia máxima partió de la parlamentaria Milagros Rubio (Batzarre), quien expresó su 'satisfacción moderada' por el respaldo parlamentario a la regulación. Los partidos defendieron la capacidad legislativa propia de Navarra y combinaron la prevención sanitaria con el desarrollo tecnológico.

Los operadores, con seguro

Batzarre no consiguió, no obstante, que los edificios de viviendas fueran incluidos en el capítulo de zonas sensibles, pero sí que los titulares de las instalaciones se vean obligados a aportar estudios específicos sobre los niveles de emisión radioeléctrica calculados y a justificar las medidas de minimización adoptadas cuando sus antenas estén colocadas a menos de cien metros de alguno de los espacios sensibles establecidos en la ley.

Batzarre apostaba por reducir aún mucho más el potencial de emisión en las zonas sensibles, estableciéndolo en 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, un máximo legislado ya en Castilla-La Mancha.

Todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en que los operadores dispongan de seguros de responsabilidad civil para cubrir posibles indemnizaciones por daños y perjuicios producidos por su actividad, y apoyaron unas sanciones económicas de infracción de la ley que oscilarán entre los 3.000 y los 240.000 euros.

Representantes de las tres operadores de telefonía móvil existentes en España han asegurado en Pamplona que la densidad media de sus antenas en Navarra se encuentra 1.381 veces por debajo de los límites legales máximos permitidos, cifra que en Pamplona es 590 veces inferior, según fuentes del sector.

La conclusión, tras la revisión de 124 de las más de 300 antenas existentes (51 de ellas revisadas sólo en Pamplona), es que la densidad de potencia media que radian es de 0,33 microvatios/centímetro cuadrado en el conjunto de Navarra y es de 0,76 microvatios/centímetro cuadrado en Pamplona, cifras inferiores a los límites máximos finalmente permitidos por el Parlamento foral.

La detección de cuatro casos de cáncer en el colegio García Rivero de Valladolid está en el origen de la actual polémica sobre las antenas.