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El desacuerdo vecinal impide rehabilitar 1.400 casas de San Cristóbal de los Ángeles

Los dueños cuentan con ayuda oficial, pero carecen de medios para completar el presupuesto

1.400 viviendas de San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) necesitan urgentemente ser rehabilitadas por el mal estado en que se encuentran. Un convenio firmado en 1999 entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional concedió a los vecinos de este barrio 31 millones de euros para las obras. Pese a que han pasado tres años, las ayudas no se han solicitado porque muchos de los habitantes de estos pisos no cuentan con el dinero que tendrían que aportar para acometer las reparaciones. Para pedir la ayuda se necesita la unanimidad de las comunidades de vecinos, algo que los residentes califican de 'imposible'.

El acuerdo de subvenciones para realizar las obras termina en 2005

En el convenio firmado por las tres administraciones para ayudar a la rehabilitación de San Cristóbal de los Ángeles están incluidos 158 bloques de edificios. De éstos, según un informe elaborado por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), 45 bloques -1.400 casas- necesitan obras estructurales 'con urgencia' para recalzar y rehabilitar el inmueble. Es decir, necesitan una nueva cimentación.

Los residentes, para adelantarse a la declaración de ruina y no ser desalojados con carácter de urgencia, como ocurrió hace tres semanas en uno de los edificios de la calle de Godella, tienen dos opciones: rehabilitar el edificio de forma integral, inyectando cemento en la base, o bien demoler el inmueble y reconstruirlo por entero.

'Sales a la calle y de lo único que se habla es de las grietas', explica Menchu Fernández, una vecina. En la habitación de su hija hay una enorme grieta a la que Gerencia de Urbanismo ha puesto recientemente un testigo (placa de yeso) para controlar que no se vuelva a abrir.

Las administraciones, por medio del convenio firmado en 1999, conceden 12.000 euros por familia. Para solicitar las ayudas se necesita que estén de acuerdo todos los vecinos del edificio.

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Pero, de momento, ningún vecino ha solicitado la subvención oficial para rehabilitar sus casas. 'Hay diez inmuebles donde todos los vecinos se han puesto de acuerdo y quieren reformarlos, pero de momento ninguno nos ha pedido el dinero, aunque parece que la cosa se empieza a mover', explica el gerente de la EMV, Ángel Rodríguez Hervás.

El gerente asegura que la EMV 'está deseando' que los vecinos se pongan de acuerdo 'para empezar a rehabilitar o a demoler los bloques más afectados'. Tienen que ser ellos los que, tras llegar a un acuerdo, encarguen los equipos de arquitectos y las obras. Basta que una persona perteneciente a un bloque se niegue para que la casa en cuestión no se rehabilite o se derribe.

En ocasiones, el acuerdo entre todos los residentes de un bloque es imposible, bien porque alguno de los vecinos no tiene recursos para hacer frente a las obras (el barrio está poblado de familias de origen humilde), bien porque simplemente no quieren meterse en obras.

El acuerdo de subvenciones termina en 2005 y por eso los vecinos se tienen que dar prisa en decidir si tiran abajo o no sus casas para poder acceder a la ayuda pública para rehacerlas.

'No es que los propietarios no quieran rehabilitar sus casas, es que no pueden. La gente es muy humilde y no está en disposición de afrontar los gastos que pueden suponer las obras con sólo 12.000 euros de ayuda', afirma Prado de la Mata, presidenta de la asociación de vecinos de San Cristóbal de los Ángeles. 'Pedimos auxilio al Ayuntamiento y que, por favor, medie entre los vecinos para que se pongan de acuerdo', añade De la Mata.

El gerente de la EMV asegura que, desde el Ayuntamiento, 'estarían encantados de mediar'. 'Ya tenemos asistentes sociales que intentan convencer a los residentes', puntualiza Rodríguez Hervás.

La barriada de San Cristóbal de los Ángeles se construyó, en su mayor parte, en la década de los cincuenta. Las viviendas pertenecen a tres promociones distintas: una llevada a cabo por Poblados Dirigidos, del extinto Ministerio de la Vivienda; otra, por la inmobiliaria privada Norah, ya desaparecida, y una tercera realizada por Renfe. Las tres presentan el mismo problema: el terreno es particularmente arcilloso y las viviendas no se construyeron con la suficiente cimentación.

Aunque los problemas y las grietas, según explican los vecinos, han existido siempre, en los últimos años la situación ha empeorado bastante: las puertas no se abren debido a que la estructura de la casa se deforma, las paredes se agrietan de forma alarmante, los suelos se abomban y se deforman.

'Muchas noches oímos los crujidos y es como si las paredes se estirasen', cuenta Isabel Pascual, vecina de San Cristóbal.

Loli Barbero, otra residente, asegura que a ella y a su marido les gustaría que se derribase el inmueble en el que viven. Este matrimonio fue uno de los que tuvo que desalojar su casa de la calle de Godella el pasado 10 de abril por peligro de derrumbe. Ellos son el fiel ejemplo del problema que tienen estos propietarios de pisos. 'Sólo tenemos el sueldo de mi marido, que gana 720 euros al mes. Cada mes tengo que pagar de hipoteca 360 euros. Cuando no tengo dinero para dar de comer a mis hijas las tengo que mandar con mi madre', cuenta Loli. 'Si no tenemos más remedio, tendremos que afrontar las obras, pero vamos a estar con el agua al cuello', añade.

Mientras los vecinos deciden qué van a hacer con sus casas, la ruina avanza. 'No tenemos mucho tiempo. Rehabilitar la zona es un proceso muy complejo y los residentes son conscientes de que, al ser propietarios de las casas, tienen que dar ellos el primer paso y pedir las ayudas', concluye la presidenta de la asociación de vecinos de San Cristóbal de los Ángeles.

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