Un estudio defiende que los municipios tengan más competencias en educación, vivienda y trabajo

El gasto municipal de Cataluña está tres puntos por debajo de la media europea

Un estudio de la Fundación Carles Pi i Sunyer mantiene que jurídica y económicamente es viable un notable aumento de competencias de los ayuntamientos en los ámbitos de educación, vivienda y ocupación. El informe, elaborado por Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, y Josep Mir, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, afirma que la descentralización es fundamental para profundizar en la democracia y la cohesión social. La enseñanza infantil y primaria, las escuelas de adultos, las promociones públicas de vivienda y el fomento de la ocupación, según el estudio, deberían depender en gran medida de los municipios. En el patronato de la fundación, entre otros, están presentes la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Josep Mir entiende que las de ocupación, vivienda y educación son las tres políticas sectoriales más vinculadas a la consecución de la cohesión social, puesto que los servicios sociales ya están razonablemente descentralizados. El informe lanza propuestas concretas en cada ámbito. En vivienda reclama todas las funciones en el control público de las edificaciones, así como el traspaso a los consistorios de la capacidad de otorgar la cédula de habitabilidad. También mantiene que los consistorios deberían ejercer todas las funciones en la promoción pública de vivienda, ya sea para destinarlas a venta o a alquiler.

La Generalitat tendría entonces un papel subsidiario para suplir a los consistorios que renunciaran a ejercer esas funciones. Los consistorios podrían también tramitar las ayudas individuales a la construcción de viviendas para uso propio o para la rehabilitación.

Enseñanza infantil

Por lo que respecta a la educación, además de tener una garantía legal de intervención en la formulación de planes y programas de estudio, se juzga fundamental la transferencia de competencias muy destacadas en enseñanza infantil y primaria, hasta el punto de que los ayuntamientos asumirían casi todas las gestiones que actualmente realizan las delegaciones de Enseñanza de la Generalitat. Otras funciones que podrían recaer en el ámbito municipal serían la construcción de centros; la evaluación y el control de la actividad de las escuelas; la titularidad, el mantenimiento y la gestión de todos los centros públicos; el transporte y el comedor escolar, y la aplicación de la normativa sobre conciertos educativos. En enseñanza secundaria, la intervención municipal sería más reducida, puesto que su radio de influencia es a menudo supramunicipal. En cambio, la enseñanza de adultos se podría ejercer en plenitud de competencias y de gestión.

Núria Bosch, que ha analizado la viabilidad financiera del traspaso de competencias, mantiene que el peso de la hacienda local en España es todavía pequeño en comparación con otros países que se consideran descentralizados. Mientras que en Cataluña el gasto público local es del 15,8% del total, en otros países con tres niveles de administración -central, regional y local- supera el 19%. El estudio, que ha servido de elemento de discusión en las jornadas sobre la ampliación de competencias municipales que ayer se iniciaron en Girona, defiende que los consistorios sufraguen las nuevas gestiones con ingresos de las comunidades autónomas y con nuevos impuestos personales relacionados con los servicios que se prestan.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 25 de abril de 2002.

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